Sentencia 991/2024 · Exp. 00839-2023-HC

4. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público son, en principio, postulatorias por lo que las cuestionadas actuaciones fiscales no determinan restricción o limitación alguna al derecho a la libertad personal del favorecido.

5. Asimismo, este Tribunal considera que la apreciación de los hechos, la determinación de la responsabilidad, la valoración de las pruebas y su suficiencia, así como la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal son aspectos propios de la judicatura ordinaria y no de la jurisdicción constitucional.

6. En consecuencia, respecto a los fundamentos 3-5 supra, la demanda debe ser rechazada conforme a lo previsto en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional. [...]

17. En tal sentido, este Tribunal advierte que no se han presentado elementos de juicio que sirvan para desvirtuar el hecho de que el beneficiado aceptó expresamente la comisión del referido delito y la imposición de una pena privativa de libertad, lo que hizo asesorado por un abogado de su elección, más allá de meras afirmaciones de que el beneficiario es inocente y que fue mal asesorado. Además, se advierte que el juez le indicó al favorecido que, si no estaba de acuerdo, iría a juicio en el que podría presentar sus argumentos de defensa. Asimismo, respecto de la pena del otro coimputado, tal como consta de la propia demanda, este tenía 19 años y se consideró la responsabilidad restringida para acordar la imposición de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, y el juez le explicó al favorecido que él tenía 24 años, por lo que no estaba en la misma situación que su cosentenciado.