Sentencia 1078/2023 · Exp. 03439-2022-AA

10. Asimismo, analiza que la aplicación de la medida cautelar afectaría el normal desarrollo de los ciudadanos que poseyendo tierras en las zonas protegidas y que quisieran efectuar construcciones o cambios de uso en ellas se verían imposibilitados de realizarlos, con lo que se podría afectar el derecho de propiedad, así como se estaría afectando el normal desarrollo de la Administración municipal y la obtención de recursos al tramitar los pedidos de los administrados; sin embargo, como contraparte, de no conceder la medida cautelar, se pondría en grave riesgo al medio ambiente y las áreas protegidas, tanto como la campiña y las áreas verdes, que constituyen un derecho general de todos los ciudadanos, así como el peligro al propio reconocimiento de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad y también la posibilidad de prosecución de actos delictivos en la modalidad de otorgamiento ilegal de derechos, daños que resultarían irreversibles, por lo que, en términos de proporcionalidad, corresponde proteger los derechos cuyo riesgo de desamparo resultaría más perjudicial. [...]

13. E integra la sentencia de fecha 8 de marzo de 2019, disponiendo la suspensión de todo acto administrativo que implique la ejecución del Plan Metropolitano de Arequipa 2016-2025, aprobado por Ordenanza Municipal 961, hasta que la Municipalidad Provincial de Arequipa tome las medidas necesarias para la revisión del PDM 2016-2025 y se subsane o ajuste todas las inobservancias técnicas o normativas y lo compatibilice con las normas nacionales y locales vigentes.

14. En efecto, en la cuestionada resolución se realiza una ponderación del derecho que podría verse afectado, como lo es el derecho de propiedad de terceros; en consecuencia, no puede verse vulnerado el derecho a la propiedad del demandante en el sentido expuesto ni, por ende, el derecho a la libertad de empresa alegada.

15. Consecuentemente, este Tribunal considera que las decisiones judiciales que se cuestionan han sido adoptadas sin vulnerar los derechos fundamentales que invoca, razón por la cual corresponde desestimar la demanda.