Resolución N.° 001039-2025-Servir/TSC-Primera Sala

EXPEDIENTE : 11310-2024-SERVIR/TSC

IMPUGNANTE : [nombre omitido]

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

RÉGIMEN : DECRETO LEGISTIVO Nº 728

MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO

DESTITUCIÓN

SUMILLA: Se declara la NULIDAD del documento denominado Disposición de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, del 4 de abril de 2024 y de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 191-2024-GM-MDW/C, del 17 de junio de 2024, emitidas por la Oficina de Gestión de Talento Humano y la Gerencia Municipal, respectivamente, ambas de la Municipalidad Distrital de Wanchaq; por haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo.

Lima, 14 de marzo de 2025

ANTECEDENTES

- 1. Mediante el documento denominado Disposición de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, del 4 de abril de 20241 1 Notificada al impugnante el 5 de abril de 2024.

- - (i) Haber asistido en estado de ebriedad los días 23 y 26 de octubre de 2023,cuando laboraba en la Obra “Mejoramiento de la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Cusco”, ejecutada por la Sub Gerencia de Ejecución de Obras de la Entidad, imputándosele la comisión de la falta prevista en el literal g) del artículo 85º de la Ley Nº 300572 2 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

“Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

(…)

g) La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes.

(…)”.., la Oficina de Gestión de Talento Humano de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, en adelante la Entidad, inició procedimiento administrativo disciplinario al señor [nombre omitido], en adelante el impugnante, por la presunta comisión de las siguientes conductas:

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo”.

- (ii) Haber faltado injustificadamente al trabajo, durante 4 días (6, 22, 23 y 26 de octubre de 2023), con lo que se habría incumplido el horario de trabajo. En ese sentido, se le imputo la comisión de la falta tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 300573 3 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

“Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensióntemporal o con destitución, previo proceso administrativo: (…)

n) El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo”.

(…)”..

- 2. No habiendo presentado descargos el impugnante, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 191-2024-GM-MDW/C, del 17 de junio de 20244 4 Notificada el 19 de junio de 2024., la Gerencia Municipal de la Entidad, impuso al impugnante la sanción de destitución del servicio al impugnante al considerar acreditada las faltas tipificadas en los literales g) y n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057.

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

- 3. El 8 de julio de 2024, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Municipal Nº 191-2024-GM-MDW/C, solicitando se declare su nulidad bajo los siguientes argumentos:

- (i) Según el informe de fecha 27 de octubre de 2023, emitido por el residente de obra, solo se hace referencia al día 26 de octubre de 2023.

- (ii) Por un extremo se recomienda la sanción de suspensión y por otro extremo la sanción de destitución, lo cual constituye una vulneración del debido procedimiento administrativo, dado que se ha solicitado dos tipos de sanción por los mismos hechos.

- (iii) Se ha vulnerado los principios de motivación, de proporcionalidad y de razonabilidad.

- 4. Con Oficio Nº 49-2024-ODGTH-MDW-C, la Entidad remitió al Tribunal del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, así como los antecedentes que dieron origen al acto impugnado.

- 5. Mediante los Oficios Nos 029992-2024-SERVIR/TSC y 029993-2024-SERVIR/TSC, la Secretaría Técnica del Tribunal informó a la Entidad y al impugnante, respectivamente, la admisión del recurso de apelación.

ANÁLISIS

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

- 6. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 10235 5 Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

“Artículo 17º.- Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:

a) Acceso al servicio civil;

b) Pago de retribuciones;

c) Evaluación y progresión en la carrera;

d) Régimen disciplinario; y,

e) Terminación de la relación de trabajo.

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorablede la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal”., modificado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20136 6 Ley Nº 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo deGestión de Recursos Humanos”., el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.

- 7. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC7 7 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010., precedente de observancia obligatoria sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.

- 8. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil8 8 Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil

“Artículo 90º.- La suspensión y la destitución

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil.

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa porresolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil”., y el artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM9 9 Reglamento de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM

“Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia

De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley.

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la víaadministrativa”.; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en elDiario Oficial “El Peruano”10 10 El 1 de julio de 2016., en atención al acuerdo del Consejo Directivo del 16 de junio de 201611 11Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general;

b) Aprobar la política general de la institución;

c) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;

d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema;

e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los demás cargos directivos;

f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del Servicio Civil;

g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;

h) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;.

i) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;

j) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y

k) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema”.

- 9. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicadoen el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo acuerdo de su Consejo Directivo12 12Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1450

“Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance nacional;

b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

c) Aprobar la política general de SERVIR;

d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;

e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;

f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema;

g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes;

h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales del Tribunal del Servicio Civil;

i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;

j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;

k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;

l) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y,

m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema.”, se hizo de público conocimiento la ampliación de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

- 10. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial.

- 11. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de apelación.

Del régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado por la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo Nº040-2014-PCM

- 12. Mediante la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en el Diario Oficial “El Peruano”, se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para laspersonas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran.

- 13. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil13 13Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

“NOVENA.- Vigencia de la Ley

a) (…) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referidoal régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia.

esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación.(…)”.

- 14. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” elReglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria14 14 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

“UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario

El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento.

Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”. se estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014.

- 15. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultaban aplicables las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos Nos276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil15 15 Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM

“Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles:

a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado.

c) Los directivos públicos;

d) Los servidores civiles de carrera;

e) Los servidores de actividades complementarias y

f) Los servidores de confianza.

Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a losprocedimientos establecidos en cada caso”..

- 16. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionadorde la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de PresidenciaEjecutiva Nº 101-2015-SERVIR-PE16 16 Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 101-2015- SERVIR-PE

“4. ÁMBITO

4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057, con las exclusiones establecidasen el artículo 90 del Reglamento. (…)”., se efectuó diversas precisiones respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057.

- 17. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultaban aplicables las normas previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057.

- 18. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva Nº 02-2015- SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:

- (i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 deseptiembre de 2014 se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al procedimiento.

- (ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 deseptiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.

- (iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 deseptiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán

- por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

- (iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidaden parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.

- 19. Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015- SERVIR/GPGSC, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y sustantivas, conforme a continuación se detalla:

- (i) Reglas procedimentales: Autoridades competentes, etapas y fases delprocedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción17 17Precedente administrativo de observancia obligatoria de las normas que regulan la prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la Ley Nº 30057, aprobado mediante Resolución de Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR/TSC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de noviembre de 2016

“(…) 21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que la prescripción es una forma de liberar a losadministrados de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran corresponder, originada por la inacción de la Administración Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, para efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley, debe ser considerada como una regla sustantiva (…)”..

- (ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones,incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones

- 20. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014 las entidades públicas con trabajadores sujetos bajo los regímenes regulados por el Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Legislativo Nº 728 y Decreto Legislativo Nº 1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, siguiendo las reglas sustantivas y procedimentales mencionadas en los numerales precedentes.

Sobre el debido procedimiento administrativo

- 21. El debido proceso es concebido como un derecho fundamental que garantiza -en un Estado de Derecho- que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en

- el seno de cualquier proceso (judicial, administrativo o de otra índole), asegurandoasí que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus derechos o intereses frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos.

- 22. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso «(…) es un derecho –por así decirlo–continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: “(...) sucontenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en élpuedan encontrarse comprendidos.” (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)18 18Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 3433-2013-PA/TC.».

- 23. En nuestra Constitución Política el debido proceso está reconocido en el numeral 3 del artículo 139º. Si bien se encuentra comprendido como un derecho o principio del ámbito jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar en reiterada jurisprudencia que el debido proceso “(…) es un derecho cuyo ámbito deirradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales”19 19 Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 7289-2005-PA/TC.. En razón a ello, “dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo queconstituye también un principio y un derecho del proceso administrativo”20 20 Fundamento 2 de la sentencia emitida en el expediente Nº 4644-2012-PA/TC..

- 24. Para Morón Urbina, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso comprende una serie de derechos que forman parte de un estándar mínimo de garantía para los administrados, que a grandes rasgos y mutatis mutandi implican la aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos originalmente en la sede de los procesos jurisdiccionales. Por lo general, se suelen desprender los siguientes subprincipios esenciales: el contradictorio, el derecho de defensa, el derecho a ser notificado, el acceso al expediente, el derecho de audiencia, el derecho a probar, entre otros21 21MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2017, p.79..

- 25. En esa medida, tenemos que el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la Ley Nº 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías

- del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativomas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten22 22Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS

“Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sinperjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten..

- 26. En el caso particular de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos “los derechos delos administrados son más profundamente influidos por la decisión de laAdministración”23 23RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220..

- 27. Entonces podemos colegir que las entidades públicas, al hacer ejercicio de su potestad sancionadora disciplinaria, están obligadas a respetar el debido procedimiento administrativo y las garantías que de él se desprenden, de lo contrario el acto administrativo emitido soslayando tal derecho carecería de validez.

- 28. Bajo esta premisa, tenemos que una garantía del debido procedimiento es elderecho de defensa, reconocido como tal en el numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política. Este, proscribe que un ciudadano quede en estado o situación de indefensión frente al Estado en cualquier clase de proceso en el que se esté ejerciendo la potestad sancionadora; garantizando así, entre otras cosas, “que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el correspondiente sustento probatorio, y

- otorgarle un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– pueda ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa”24 24Fundamento 4 de la sentencia emitida en el expediente Nº 5514-2005-PA/TC.

- 29. En esa línea, el Tribunal Constitucional precisa que, en el ámbito administrativo sancionador, el derecho en mención obliga a que al momento de iniciarse un procedimiento sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, para cuyo efecto la información debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa”25 25Fundamento 14 de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC..

Cabe agregar que, para el Tribunal Constitucional, el estado de indefensión no solo será evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión de un acto u omisión antijurídico, se sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del proceso o procedimiento y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover26 26Fundamento 32 de la sentencia emitida en el expediente Nº 0156-2012-PHC/TC..

- 30. Otras garantías del debido procedimiento, y en especial cuando se está frente al ejercicio de la potestad sancionadora, son la sujeción a los principios de legalidad y tipicidad, recogidos en los numerales 1 y 4 del artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444. El primero prescribe que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. El segundo, que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

- 31. Así, con relación al principio de legalidad en el ámbito sancionador, el Tribunal Constitucional ha señalado que este impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si esta no está previamente determinada en la ley; y también prohíbe que

- se pueda aplicar una sanción si esta no está determinada por la ley. Aseguratambién que este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex praevia), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa)27 27Fundamento 3 de la sentencia emitida en el expediente Nº 0197-2010-PA/TC.

En esa medida, el principio de legalidad no solo exige que la falta esté establecida en una norma legal, sino que la misma describa claramente cuál es la conducta que se considera como tal (Lex certa), lo que se conoce como el mandato de determinación.

- 32. Ahora, Morón Urbina28 28MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de laAdministración Pública en la ley peruana. En: Advocatus, número 13, Lima, 2005, p. 8. afirma que “la determinación de si una norma sancionadora describe con suficiente grado de certeza la conducta sancionable, es un asunto que debe ser resuelto de manera casuística, pero es importante tener en cuenta que la tipificación es suficiente «cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra». Pero,además, dicho autor resalta que “el mandato de tipificación, que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridadcuando realiza la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.

- 33. Por su parte, el principio de tipicidad -que constituye una manifestación del principio de legalidad- exige que las conductas consideradas como faltas estén definidas con un nivel de precisión suficiente, de manera que el destinatario de las mismas pueda comprender sin dificultad o estar en condiciones de conocer y predecir las consecuencias de sus actos; ello a partir de la previsión clara de la conducta proscrita y de la sanción aplicable29 29Fundamento 8 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 05487-2013- AA/TC..

- 34. Aunque el artículo en mención establece que solo constituyen conductas sancionables las infracciones previstas en normas con rango de ley, admite que la tipificación pueda hacerse también por medio de reglamentos, pero claro, siempre que la ley habilite tal posibilidad. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha aclarado que la precisión de lo considerado como antijurídico desde un punto de vista administrativo no está sujeta a una reserva de ley absoluta, sino que puede ser complementada a través de los reglamentos30 30Fundamento 9 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 02050-2002- AA/TC..

- 35. Ahora, Morón Urbina31 31MORÓN URBINA, Juan Carlos. Los principios delimitadores de la potestad sancionadora de laAdministración Pública en la ley peruana. En: Advocatus, número 13, Lima, 2005, p. 8. afirma que “la determinación de si una norma sancionadora describe con suficiente grado de certeza la conducta sancionable, es un asunto que debe ser resuelto de manera casuística, pero es importante tener en cuenta que la tipificación es suficiente «cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra». Pero,además, dicho autor resalta que “el mandato de tipificación, que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridadcuando realiza la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”.

- 36. De esta manera, el principio de tipicidad exige, cuando menos:

- (i) Que, por regla general las faltas estén previstas en normas con rango de ley, salvo que se habilite la tipificación vía reglamentaria.

- (ii) Que, las normas que prevean faltas, si bien no tengan una precisión absoluta, describan con suficiente grado de certeza la conducta sancionable.

- (iii) Que, las autoridades del procedimiento realicen una correcta operación desubsunción, expresando así los fundamentos por los que razonablemente elhecho imputado se adecua al supuesto previsto como falta; que configure cadauno de los elementos que contiene la falta. Como es lógico, la descripción legaldeberá concordar con el hecho que se atribuye al servidor.

- 37. Cabe precisar que el listado de obligaciones que derivan de la observancia del principio de tipicidad es meramente enunciativo, de tal forma, podrían presentarse otras obligaciones para la entidad sancionadora que redunden en el respecto pleno del principio de tipicidad.

- 38. En ese sentido, una adecuada operación de subsunción del hecho en la norma vulnerada, implica señalar no sólo de manera expresa la falta o faltas administrativas en que habría incurrido el impugnante, así como los hechos imputados de manera clara y precisa, sino también considerando que estos hechos guarden relación y se adecuen con la falta y normas imputadas, lo cual debe ser debidamente argumentado y expresado bajo sustentos suficientes que evidencien la subsunción del hecho con la falta imputada que se pretende atribuir.

- 39. En cuanto a la debida motivación de los actos administrativos, conviene mencionar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del TUO de la Ley Nº

- 2744432 32Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS

“Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(…)

4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido yconforme al ordenamiento jurídico”., esta constituye un requisito de validez del acto que se sustenta en lanecesidad de “permitir apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública”33 33 MORÓN Urbina, Juan (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava Edición. Lima, Gaceta Jurídica. p. 157.

- 40. En este mismo sentido, el artículo 6º del TUO la Ley Nº 2744434 34Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS

“Artículo 6º.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.

(…)”. señala que la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado.

Sobre el caso bajo análisis

- 41. En el presente caso, se aprecia que la Entidad inició procedimiento administrativo disciplinario y sancionó al impugnante por la presunta comisión de las siguientes conductas:

- (i) Haber asistido en estado de ebriedad los días 23 y 26 de octubre de 2023,cuando laboraba en la Obra “Mejoramiento de la capacidad operativa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Cusco”, ejecutada por la Sub Gerencia deEjecución de Obras de la Entidad, imputándosele la comisión de la falta prevista en el literal g) del artículo 85º de la Ley Nº 30057.

- (ii) Haber faltado injustificadamente al trabajo, durante 4 días (6, 22, 23 y 26 de octubre de 2023), con lo que se habría incumplido el horario de trabajo. En ese sentido, se le imputo la comisión de la falta tipificada en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057.

- 42. Sobre el particular, cabe precisar que una adecuada operación de subsunción del hecho en la norma vulnerada, implica señalar no sólo de manera expresa la falta o faltas administrativas en que habría incurrido el impugnante, así como los hechos imputados de manera clara y precisa, sino también considerando que estos hechos guarden relación y se adecuen con la falta y normas imputadas, lo cual debe ser debidamente argumentado y expresado bajo sustentos suficientes que evidencien la subsunción del hecho con la falta imputada que se pretende atribuir.

- 43. Ahora bien, de la revisión de la resolución de inicio y de sanción, se aprecia que la Entidad le imputó al impugnante el haber faltado injustificadamente durante los días 6, 22, 23 y 26 de octubre de 2023; sin embargo, en otros extremos de las citadas resoluciones se indica que el impugnante no habría cumplido con su horario de trabajo al no haber registrado su entrada y salida.

- 44. Lo antes expuesto, no permite determinar con precisión cuál es la conducta materia de imputación, esto es, si se refiere a las inasistencias injustificadas o al incumplimiento injustificado del horario y jornada de trabajo, dado que dichos supuestos de faltas disciplinarias han sido regulados de manera diferenciada en el artículo 85 de la Ley Nº 30057.

- 45. En consecuencia, a criterio de esta Sala, constituye una vulneración del principio de tipicidad y del derecho de defensa del impugnante, puesto que la Entidad desde el inicio del procedimiento administrativo disciplinario no ha descrito de manera suficientemente clara la o las conductas que configurarían la falta disciplinaria imputada, para así poder realizar un adecuado ejercicio de subsunción.

- 46. Con relación a lo anterior, es relevante precisar que, en la Resolución de Sala PlenaNº 002-2022-SERVIR/TSC, se ha indicado lo siguiente:

“54. Así, una vez descrito los conceptos de horario y jornada de trabajo; además desu relación entre ambos, corresponde definir cuándo se configura la falta

administrativa establecida en el literal n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, referida al incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.

55. Al respecto, la estructura normativa de la citada falta requiere para su configuración, la concurrencia del incumplimiento injustificado del horario y de la jornada de trabajo; esta redacción que implica convergencia, confirma la vinculación entre ambos conceptos, por lo que puede inferirse que todo incumplimiento del horario de trabajo tendrá su correspondencia en el incumplimiento de la jornada de trabajo; y viceversa

56. Ahora bien, la mencionada falta se configura cuando el servidor de manera injustificada incumple su horario de trabajo, lo que incidirá directamente en el incumplimiento de su jornada de trabajo; y viceversa. En otras palabras, se configura esta falta cuando el servidor de manera injustificada:

- (i) Registra su asistencia a la entidad después del horario de ingreso establecido.

- (ii) Registra su salida de la entidad antes del horario de salida establecido.

- (iii) Se ausenta de la entidad durante su jornada de trabajo.

- (iv) Incumple su jornada laboral diaria o semanal.

(…)

61. En otras palabras, cuando el número de días de ausencias injustificadas del servidor sean insuficientes para encuadrar dichas conductas en la falta prevista en el literal j) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, las entidades podrán optar por la imputación de la falta establecida en el literal n) del mencionado artículo, toda vez que en estos supuestos se ha producido un incumplimiento de jornadas completas de trabajo diario y del horario de trabajo de cada uno de los días de jornada incumplida; siempre y cuando, luego del análisis de estas conductas sean calificadas como graves o muy graves.

- 47. En ese sentido, la Entidad deberá precisar con claridad las conductas infractoras, para así realizar una adecuada subsunción entre dichas conductas y la falta atribuida; debiendo considerar los criterios desarrollados en la Resolución de Sala Plena Nº 002-2022-SERVIR/TSC antes citada.

- 48. De otro lado, respecto a la falta de inasistencia en estado de ebriedad los días 23 y26 de octubre de 2023, cuando laboraba en la Obra “Mejoramiento de la capacidadoperativa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Cusco”, cabe precisar que la Real Academia Española ha definido el término embriaguez como toda perturbación pasajera producida por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Asimismo,Antonio Vodanovic asegura que la embriaguez es “el conjunto de alteraciones tóxicas con perturbaciones fundamentalmente neuropsíquicas que se producen en

- el organismo como consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas”35 35 VODANOVIC, Antonio. Derecho y jurisprudencia del tránsito y de los vehículos motorizados. Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1994, p. 6.. Por sulado, Villalobos precisa que este constituye “un estado psíquico caracterizado por una turbación o alteración pasajera de las potencias a causa del exceso con que se ha ingerido una bebida alcohólica”36 36 VILLALOBOS RÍOS, Sergio, y otros. El delito de manejar en estado de ebriedad. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2000, p. 48..

- 49. Al respecto, es indispensable precisar que en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Entidades públicas, al momento de resolver conforme a sus atribuciones, y en observancia del principio de verdad material que rige el procedimiento administrativo37 37Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS

“Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(…)

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”., debe adoptar todos los medios probatorios vinculados con el caso, con el propósito de establecer de forma indubitable la certeza de su decisión, lo cual, conforme se ha expuesto previamente, se realiza conforme al deber de motivación de los actos administrativos.

- 50. Por lo tanto, al momento de determinar la responsabilidad de impugnante debe realizar las actuaciones que sean necesarias para determinar si efectivamente se configuró dicha falta y valorar todos los medios de prueba que obran en el expediente administrativo, y fundamentar debidamente dicha valoración probatoria, a fin de que la Entidad pueda determinar si efectivamente el impugnante incurrió o no en la falta imputada.

- 51. Finalmente, se debe precisar que de la resolución de sanción no se observa que la Entidad haya motivado debidamente cada uno de los criterios de graduación de la sanción conforme se señala a continuación:

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado.

“En cuanto a la grave afectación a los intereses generales no se configura (…) hamenoscabado el adecuado funcionamiento de la administración pública lo que involucra la actuación nada proba de los servidores, pues no solamente ha asistido vergonzosamente al trabajo en estado de embriaguez (…) sino también aabandonado el trabajo incumpliendo su jornada y horario de trabajo, dando malejemplo a los demás servidores (…)”. SIC

Sobre el particular, no se ha descrito con suficiente precisión la grave afectación a los intereses generales o bienes jurídicos protegidos que hayan ocasionado las conductas atribuida al impugnante.

b) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento

“(…) que mediante FUT 0677768 de fecha 19 de abril de 2024, ingresado a estaEntidad por la ciudadana E.Q.C esposa del servidor (…) devolviendo la notificacióndel inicio del proceso administrativo disciplinario a dicho servidor y aduciendo que el titular se encontraba de vacaciones, dando a entender que no tenía por qué se letenía que notificar (…) ha tratado de proporcionar información falsa a fin de inducira error a las autoridades administrativas del presente caso; es decir, ha tratado nuevamente de ocultar la falta imputada (…).” SIC

Al respecto la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, indica lo siguiente:

38. Este criterio tiene que ver con las conductas que asume el servidor investigado o procesado respecto a la falta que ha cometido, así con la finalidad de ocultarla y, de esa manera, impedir su descubrimiento, puede destruir, alterar, suprimir, borrar documentación, imágenes, videos u otra información que se encuentre relacionada con el esclarecimiento de los hechos, puede también proporcionar información falsa o inexacta a fin de inducir a error a las autoridades.

(…)

40. Atendiendo a lo señalado, desde luego no se puede pretender exigir u obligar al servidor al reconocimiento de la falta ni mucho menos a que colabore con la investigación; sino tan solo que no entorpezca u obstaculice la indagación del hecho en virtud del cual se le atribuye responsabilidad administrativa disciplinaria, mediante la destrucción, alteración, supresión, eliminación de documentación u otro tipo de información relacionada con el hecho constitutivo de la falta.

41. En otras palabras, si bien el servidor puede no colaborar con la investigación, nodebería entorpecer el desarrollo de la misma mediante las acciones antes

mencionadas, de presentarse esto último lógicamente se justificaría laintensificación en la gravedad de la sanción.

En tal sentido por el hecho de que el servidor haya devuelto la notificación del acto de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, no implica que haya obstaculizado o inducido a error; por lo que, la Entidad deberá evaluar si la aplicación de este criterio de graduación se encuentra relacionado al caso en concreto

e) La concurrencia de varias faltas

“En el presente caso no se configura” Sic.

Respecto a este criterio la Entidad consideró que en el presente caso no se configura la concurrencia de varias faltas; sin embargo, se ha imputado al impugnante dos faltas como son: las faltas tipificadas en los literales g) y n) del artículo 85º de la Ley Nº 30057; por lo que la Entidad deberá considerar lo dispuesto en la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC:

“50. Este criterio resulta aplicable cuando el servidor con un solo hecho ha dado lugar a varias faltas (concurso ideal) o cuando ha incurrido en varios hechos que, al mismo tiempo, dan lugar a varias faltas (concurso real) y todos ellos han sido imputados en el mismo procedimiento administrativo disciplinario, en tal supuesto la concurrencia de las faltas será considerada como una agravante. Se presenta así en este criterio una agravación por la pluralidad de la comisión de faltas disciplinarias. (…)”

g) La reincidencia en la comisión de la falta

“Se configura en cuanto se refiere a las ausencias injustificadas, materia del preste expediente; pues es objeto de evaluación para graduar la sanción la mina se analiza en el criterio de graduación de sanción, tomando en cuenta los antecedentes del servidor, en el presente caso el servidor ya fue sancionado anteriormente por el mismo tipos de falta (ausencia injustificada al trabajo) se tiene la siguiente resolución sancionatoria emitida por la jefatura de la Oficina de Gestión de Talento Humano de la Musicalidad Distrital de Wanchaq-Cusco”: Resolución de sanción de30 días de suspensión sin goce de remuneraciones, plasmada en la Resolución de la Oficina de Gestión de Talento Humano N° 198-2023-ODGTH-MDW/C, con Exp. Adm. N° 17-2023-stapad-mdw/c, del 27 de noviembre de 2023, por haber faltadoinjustificadamente al trabajo durante 07 días continuos (…) con lo cual las nuevas

faltas administrativas en la que ha incurrido, materia del presente expediente,adquieren la figura legal de REINCIDENCIA. (…) Sic.

En el presente caso, la Entidad ha considerado la figura de la reincidencia para graduar la sanción; sin embargo, la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021- SERVIR/TSC, ha indicado respecto a la reincidencia lo siguiente:

“Publicidad de las sanciones inscritas

Las sanciones inscritas en el Registro sólo serán visibles en el Módulo de Consulta Ciudadana hasta el último día del plazo de su vigencia. Lo anterior, así como la rehabilitación, opera automáticamente sin mediar ninguna solicitud, a excepción de las sanciones penales por los delitos previstos en el numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1295, que no están sujetas a plazo alguno. No constituyen precedente o demérito para el servidor civil.

64. Respecto a ello, la Gerencia de Políticas Públicas del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, interpretando los alcances de dicha disposición mediante el Informe Técnico Nº 111-2018-SERVIR/ GPGSC señaló lo siguiente: 3.3. En virtud a lo establecido en la Directiva del RNSSC, los servidores civiles, sin distinción de régimen (D.L. Nº 276, D.L. Nº 728 y D.L. Nº 1057-CAS), a los que se les haya impuesto sanciones administrativas (sanciones materia de inscripción en el Registro), en el marco de la LSC y su reglamento, aun no habiéndose regulado expresamente la figura de la rehabilitación en estas, serán rehabilitados -automáticamente- en cuanto cumplan con el plazo de la vigencia de la sanción en el Registro. 3.4. Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Directiva del RNSSC las sanciones inscritas que hubieran sido rehabilitadas no constituyen precedente o demérito para el servidor civil, se concluiría que las mismas no podrían ser consideradas antecedente disciplinario para efectos de la configuración de la figura de reincidencia descrita en el literal g) del artículo 87 de la LSC.

65. A partir de dicha línea interpretativa del numeral 6.7 de la citada Directiva, la rehabilitación opera automáticamente una vez vencido el plazo de la vigencia de la sanción disciplinaria, sin que sea necesario presentar solicitud alguna, en concordancia con ello, habiendo sido rehabilitadas automáticamente las sanciones,estas no pueden constituir “precedente o demérito para el servidor civil” de acuerdoa lo expresamente establecido en el citado numeral.

66. Por tanto, dado que para evaluar la configuración de la reincidencia se atiende a la sanción precedente que tuviese el servidor por la comisión de la misma falta, si dicha sanción precedente ya ha sido objeto de rehabilitación automática no podría ser considerada para otorgar la condición de reincidente al servidor.”

En ese sentido, según indica la Entidad, el impugnante fue sancionado con suspensión de 30 días sin goce de remuneraciones a través de la Resolución de la Oficina de Gestión de Talento Humano N° 198-2023-ODGTH-MDW/C, del 27 de noviembre de 2023, a la fecha de la emisión de la resolución de sanción (17 de junio de 2024) el impugnante ya tendría la calidad de rehabilitado; por lo que no se aplicaría la figura de la reincidencia para graduar la sanción en este caso.

- 52. Estando lo expuesto la Entidad deberá considerar las disposiciones de la Resolución de Sala Plena Nº 001-2021-SERVIR/TSC, para motivar adecuadamente los criterios de graduación de la sanción.

- 53. Finalmente puede concluirse que la Entidad no ha cumplido con su obligación de garantizar el debido procedimiento, apartándose así de lo establecido en las disposiciones legales analizadas en los párrafos precedentes y de los límites que impone la Constitución al ejercicio de la potestad sancionadora. De manera que la resolución impugnada y la que dio inicio al procedimiento disciplinario se encuentran inmersas en las causales de nulidad previstas en los numeral 1 y 2 del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 2744438 38 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS

“Artículo 10º.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

(…)”., por contravenir los numerales 1 y 2 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444.

- 54. Por lo que corresponde, entonces, que se retrotraiga el procedimiento administrativo para que la Entidad subsane en el más breve plazo los vicios advertidos por este Tribunal; no debiendo olvidar que sus autoridades serán responsables si la potestad sancionadora prescribe por el incumplimiento de los plazos previstos en la ley.

- 55. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe precisar que lanulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento quegenere impunidad en los hechos materia de imputación, toda vez que suresponsabilidad será determinada en el procedimiento administrativo disciplinarioa cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar el debido procedimientoadministrativo del impugnante, como garantía de todo administrado, siguiendo loscriterios señalados en los párrafos precedentes.

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil;

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar del documento denominado Disposición de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, del 4 de abril de 2024 y de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 191-2024-GM-MDW/C, del 17 de junio de 2024, emitidas por la Oficina de Gestión de Talento Humano y la Gerencia Municipal, respectivamente, ambas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ; por haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo.

SEGUNDO.- Disponer que se retrotraiga el procedimiento al momento previo de la emisión del documento denominado Disposición de inicio de procedimiento administrativo disciplinario, del 4 de abril de 2024, debiendo la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ subsanar en el más breve plazo los vicios advertidos, teniendo en consideración para tal efecto los criterios señalados en la presente resolución

TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor [nombre omitido] y a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, para su cumplimiento y fines pertinentes.

CUARTO.- Devolver el expediente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del TUO de la Ley Nº 27444.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional ([https://www.servir.gob.pe/tribunal-sc/resoluciones-de-salas/primera-sala/](https://www.servir.gob.pe/tribunal-sc/resoluciones-de-salas/primera-sala/)).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado por

ROLANDO SALVATIERRA COMBINA

Presidente

Tribunal de Servicio Civil

Firmado por V°B°

ORLANDO DE LAS CASAS DE LA TORRE UGARTE

Vocal

Tribunal de Servicio Civil

Firmado por V°B°

CESAR EFRAIN ABANTO REVILLA

Vocal

Tribunal de Servicio Civil

PT5/P9