Resolución N.° 1662-2025-TCE-S6
Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes · 2025-03-11
Sumilla
Texto de la resolución
tomado del PDF oficialSumilla: Corresponde sancionar al Proveedor, pues se ha verificado que a la fecha que perfeccionó la relación contractual con una entidad pública, se encontraba impedido para ello, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Lima, 11 de marzo de 2025
#### VISTO en sesión del 11 de marzo de 2025, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4484-2024.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado al proveedor Miguel Julián Molnar Vásquez, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de servicio N° 0002455 del 10 de julio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y atendiendo a lo siguiente:
- I. ANTECEDENTES:
- 1. El 10 de julio de 2023, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 24551 1 Obrante a folio 50 del expediente administrativo en formato PDF., en adelante la Orden de Servicio, a favor del señor [nombre omitido], en adelante el Proveedor, para la contratación del “01 prestador de servicio para el área de almacén correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre 2023”, por el monto de S/ 6 000.00 (seis mil con 00/100 soles).
Dicha contratación, si bien es un supuesto excluido del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en la oportunidad en que se realizó se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.
- 2. Mediante Carta N° 015-2024-MDY-GAF del 23 de abril de 20242 2 Obrante a folio 2 del expediente administrativo en formato PDF., presentada en esa misma fecha ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la Entidad remitió el Memorándum N° 3836-
- 2024-MDY-GAF3 3 Obrante a folio 3 del expediente administrativo en formato PDF., a través del cual, informó que el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello.
- 3. Con Memorando N° D000141-2024-OSCE-DGR del 23 de abril de 20244 4 Obrante a folios 6 del expediente administrativo en formato PDF., presentado el 28 de mayo de ese mismo año ante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, informó que el Proveedor habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
Como sustento a su comunicación adjuntó el Reporte N° 447-2024/DGR-SIRE del 29 de febrero de 20245 5 Obrante a folios 7 al 10 del expediente administrativo en formato PDF., en el que señaló lo siguiente:
- i. El domingo 2 de octubre de 2022, se llevaron a cabo las elecciones regionales y provinciales del Perú, para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales para el periodo 2023-2026. Al respecto, según la información del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, la señora [nombre omitido] fue elegida como regidora provincial de Coronel Portillo, región Ucayali, para el periodo 2023-2026.
- ii. En torno a ello, de acuerdo con la información consignada por la señora [nombre omitido] en su Declaración de Intereses de la Contraloría General de la República, se aprecia que, el Proveedor es su padre.
- iii. De acuerdo con lo anterior, se identificó que la Entidad contrató con el Proveedor, el cual sería padre de la señora [nombre omitido], aun cuando los impedimentos señalados en el artículo 11 de la Ley le eran aplicables a esta última.
- iv. Por lo expuesto, advierte indicios de la comisión de una infracción a la normativa de contrataciones del Estado, tal como lo señala el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que contratar con el Estado a pesar de encontrarse impedido, conforme a Ley, constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- 4. Mediante decreto del 14 de octubre de 20246 6 Obrante a folios 12 al 14 del expediente administrativo en formato PDF., previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad de la denuncia formulada por la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, a efectos que cumpla con remitir, entre otros, un informe técnico legal de su asesoría, donde debía señalar en qué causales de impedimento habría incurrido, asimismo, se le solicitó remitir copia legible de la orden de servicio y de la documentación que acredite que el Proveedor incurrió en causal de impedimento.
Además, se le requirió informar (i) si la Orden de Servicio corresponde a una contratación perfeccionada por tratarse de un supuesto excluido previsto en el literal a) del artículo 5 de la Ley; (ii) si deviene de un procedimiento de selección; o, (iii) de un único contrato; de ser el caso, indicar cuáles y cuántas son las órdenes de servicios derivadas de dicho procedimiento de selección o de ese único contrato.
En caso la referida Orden de Servicio, haya sido emitida en el marco de un procedimiento de selección de un único contrato, se le solicitó remitir copia legible de todas las órdenes de servicio emitidas por la Entidad a favor del Proveedor que deriven de éste, adjuntando el referido contrato, y señalar si el supuesto infractor presentó para efectos de su contratación algún anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado; de ser así, cumpla con adjuntar dicha documentación, debiendo acreditar la oportunidad en la que fue recibida por la Entidad. Asimismo, deberá informar si con la presentación de dicho documento generó un perjuicio y/o daño a la Entidad.
Asimismo, se solicitó remitir copia legible del expediente de contratación, que contenga lo siguiente: (i) Cotización y/u oferta presentada por el Proveedor, debidamente ordenada y foliada, (ii) Documento mediante el cual presentó la referida cotización y/u oferta, en el cual se pueda advertir el sello de recepción de la Entidad. En caso la cotización y/u oferta fue recibida de manera electrónica deberá remitir copia del correo electrónico donde se pueda advertir la fecha de remisión de la misma, así como las direcciones electrónicas del Proveedor y de la Entidad.
Además, se dispuso comunicar dicho requerimiento al Órgano de Control Institucional de la Entidad para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la documentación requerida.
A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.
- 5. A través del Oficio N° 684-2024-MDY-SG del 4 de noviembre de 20247 7 Obrante a folios 23 del expediente administrativo en formato PDF., presentado ante el Tribunal en esa misma fecha, la Entidad remitió la información solicitada por decreto del 14 de octubre de ese mismo año.
- 6. Con decreto del 12 de noviembre de 2024, se dispuso incorporar al presente expediente los siguientes documentos:
- • Reporte electrónico del SEACE de la Orden de servicio N° 2455 del 10 de julio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, extraído del Buscador Público de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.
- • Reporte INFOGOB correspondiente a la señora [nombre omitido]
- • Declaración Jurada de Intereses de la señora [nombre omitido], obtenida del Portal de la Contraloría General de la República.
Asimismo, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador al Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
En ese sentido, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento administrativo con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento.
- 7. Por medio del decreto del 10 de diciembre de 2024, se indicó que la Secretaría del
- Tribunal verificó que el Proveedor no presentó sus descargos, a pesar de haber sido notificado el 13 de noviembre de ese mismo año, a través de la Casilla Electrónica del OSCE. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal, siendo recibido al día siguiente.
- 8. Por decreto del 4 de febrero de 2025, se incorporaron al presente expediente los siguientes documentos: i) Ficha de INFOGOB correspondiente a la señora [nombre omitido], regidora provincial de Coronel Portillo, obtenida del Jurado Nacional de Elecciones; ii) Ficha RENIEC del señor [nombre omitido], extraída del Servicio de Consulta en Línea del RENIEC; iii) Ficha RENIEC de la señora [nombre omitido], extraída del Servicio de Consulta en Línea del RENIEC.
- 9. Mediante el Oficio N° 134-2025-MDY-SG del 18 de febrero de 2025, presentado al día siguiente ante el Tribunal, la Entidad adjuntó el Oficio N° 684-2024MDY-SG8 8 Tal como se desprende de los antecedentes del presente pronunciamiento, el Oficio N° 684-2024MDY-SG fue presentado ante el Tribunal el 4 de noviembre de 2024 y 18 de febrero de 2025., a través de cual, atendió el requerimiento de información efectuado por el Tribunal, a través del decreto del 14 de octubre de 2024.
- 10. A través del decreto del 24 de febrero de 2025, se dejó a consideración de la Sala la información extemporánea remitida por la Entidad.
- II. FUNDAMENTACIÓN
- 1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la responsabilidad del Proveedor, por haber contratado con el Estado estando impedido para ello, hecho que habría tenido lugar el 10 de julio de 2023; fecha en la cual se perfeccionó la relación contractual con la Entidad [Orden de Servicio N° 2455].
Naturaleza de la infracción
- 2. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, determina responsabilidad administrativa para los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.
- 3. Por otro lado, según lo regulado en el tipo infractor, este exige la concurrencia de dos condiciones para que se configure: i) que se haya celebrado un contrato con una entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.
- 4. Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección9 9 Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación:
a) Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.
b) Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.
(…)
e) Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia. que llevan a cabo las Entidades del Estado.
No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.
En ese contexto, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, los cuales persiguen salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en dichos procedimientos que llevan a cabo las Entidades.
- 5. Debe recalcarse que los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley.
- 6. En este contexto, conforme a lo expuesto, en el presente caso corresponde verificar si al perfeccionarse el contrato el Proveedor se encontraba inmerso en el impedimento que se le imputa.
Configuración de la infracción
- 7. Teniendo en cuenta lo expuesto, para que se configure la infracción imputada al Proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor se encuentre impedido conforme a Ley.
Cabe precisar que, para las contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, por estar excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Proveedor se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento.
Al respecto, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE10 10 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano., se dispuso que“la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado)
- 8. Considerando tal contexto, respecto del primer requisito, de la revisión del expediente administrativo y de la plataforma SEACE, se aprecia el registro realizado por la Entidad de la Orden de Servicio N° 2455 del 10 de julio de 202311 11 Proveedor Miguel Julian Molnar Vasquez. Buscador público de órdenes de compra y órdenes de servicio.Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE (Fecha de consulta: 3 de febrero de 2025): Enlace:[https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml](https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml), a favor del Proveedor, conforme se muestra a continuación:
- 9. Ahora bien, obra en el expediente administrativo la Orden de Servicio N° 2455 del 10 de julio de 2023 a favor del Proveedor, para la contratación del “1 prestador de servicio para el área de almacén, correspondiente a los meses de julio, agosto y setiembre 2023”, por el importe de S/ 6 000.00 (seis mil con 00/100 soles), tal como se muestra a continuación:
Aunado a ello, es preciso señalar que, también se encuentra en el expediente, losComprobantes de pago N°s 580012 12 Obrante a folio 35 del expediente administrativo en formato PDF., 739113 13 Obrante a folio 47 del expediente administrativo en formato PDF. y 882514 14 Obrante a folio 57 del expediente administrativo en formato PDF., por la suma de S/ 2 000.00
cada uno, emitidos a nombre del Proveedor; asimismo, se aprecia que la sumatoria de dichos importes, equivale al monto total de la Orden de Servicio; y finalmente, en los referidos comprobantes de pago se hace mención expresa a la orden de servicio.
A continuación, se reproducen los referidos comprobante de pago:
- 10. En tal sentido, se aprecia que concurre el primer requisito para la configuración de la infracción analizada, esto es, que el Proveedor perfeccionó un contrato con una entidad del Estado, por lo que resta determinar si, cuando se formalizó el contrato, el Proveedor se encontraba incurso en alguna causal de impedimento.
- 11. En cuanto al segundo requisito del tipo infractor, debe tenerse presente que la imputación efectuada al Proveedor, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el contrato pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, según el cual:
“(…)
Artículo 11.- Impedimento
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas:
(…)
d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.
(…)
h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios:
(ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el Impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido”.
(El resaltado es agregado)
- 12. Conforme a las disposiciones citadas, se aprecia que los impedimentos alcanzan, en todo proceso de contratación pública que se desarrolle en el ámbito de su competencia territorial, a los regidores y a sus parientes que tengan un vínculo de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, , subsistiendo dicho impedimento hasta los doce (12) meses después de que el mencionado funcionario haya dejado el cargo.
- 13. Ahora bien, corresponde verificar si, cuando se formalizó el contrato (orden de servicio), esto es, al 10 de julio de 2023, el Proveedor se encontraba incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el referido artículo 11 de la Ley.
- 14. En esa línea, tenemos que el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2021/TCE15 15 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de octubre del 2021., precisa los alcances de los impedimentos establecidos en los literales c) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, ante lo cual señala que los gobernadores, vicegobernadores, consejeros de los gobiernos regionales, jueces de las cortes superiores de justicia, alcaldes y regidores, los parientes o las personas jurídicas en las que tengan participación, están impedidos para contratar con el Estado con entidades públicas cuyas sedes se encuentren ubicadas en el espacio geográfico en el que ejercen o han ejercido su competencia. Al respecto, cabe traer a colación los numerales 5 y 6 del análisis del mencionado acuerdo:
“(…)
5. Teniendo en cuenta las citadas disposiciones normativas, para determinar si los impedimentos de los literales c) y d) del artículo 11 de la Ley se han configurado en un caso concreto, corresponde verificar si los Gobernadores, Vicegobernadores, Consejeros de los Gobiernos Regionales, Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, Alcaldes y Regidores, han perfeccionado contratos con entidades públicas ubicadas en el ámbito de su competencia territorial, no obstante que el ámbito de estas entidades sea mayor.
6. Para dichos efectos, es imprescindible identificar si la sede de la entidad pública contratante (aquella que realiza la convocatoria del procedimiento de selección o realiza la invitación para cotizar) se ubica dentro del espacio geográfico sobre el cual el Gobernador, Vicegobernador, Consejero de Gobierno Regional, Juez de las Cortes Superiores de Justicia, Alcalde o Regidor ejerce competencia, en la fecha en que el procedimiento de selección se convoca (contrataciones mayores a 8 UIT) o cuando se realiza la invitación para cotizar (en aquellas contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT).
Al respecto, y a efectos de determinar cuál es la sede de la entidad pública contratante, corresponde tener en consideración la información contenida en el listado de las entidades contratantes registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) del SEACE.
(…)”.
- 15. En el presente caso, la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OSCE, a través del Reporte N° 447-2024/DGR- SIRE del 29 de febrero de 202416 16 Obrante a folios 7 al 10 del expediente administrativo en formato PDF., informó que el Proveedor, al ser padre de la señora [nombre omitido], quien ostentaba el cargo de regidora provincial de Coronel Portillo, región Ucayali, se encontraba impedido para contratar con la Entidad, durante el periodo que ejerció el cargo de regidora y hasta doce (12) meses después en que haya cesado respecto del mismo ámbito.
En dicho contexto, para mejor análisis se verificará la situación jurídica de la señoraNena Elisa Molnar Ríos (Regidora Provincial) y la existencia de un vínculo de parentesco con el Proveedor.
Sobre el impedimento previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley
- 16. Teniendo en cuenta lo señalado, de la revisión del portal institucional del Observatorio para Gobernabilidad - INFOGOB17 17 El Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB) es un espacio virtual gratuito administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos con información electoral tal como: hojas de vida de, se advierte que la señora Nena
candidatos, padrón electoral, elecciones generales, regionales, municipales, complementaria, revocatoria, y referéndum, entre otros.
[https://infogob.jne.gob.pe/Politico/FichaPolitico/narciso-alarcon-terrones_procesos- electorales_wrlE8LCcEjQc6+@0ElOxMA==lL I](https://infogob.jne.gob.pe/Politico/FichaPolitico/narciso-alarcon-terrones_procesos-electorales_wrlE8LCcEjQc6+@0ElOxMA==lL%20I)
- Elisa Molnar Ríos fue elegida regidora provincial de Coronel Portillo, región Ucayali, para el período 2023-2026, durante las elecciones regionales y municipales llevadas a cabo en el año 2022; asimismo que, no existieron suspensiones, vacancias o revocatorias en su contra.
A continuación, se reproduce la información que aparece en el citado portal:
Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que la señora [nombre omitido], ostenta el cargo de regidora provincial de Coronel Portillo, región Ucayali desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026.
- 17. Considerando lo expuesto, puede apreciarse que la señora [nombre omitido], a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026, se encuentra
- impedida para ser participante, postor y/o contratista para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo en su ámbito territorial (provincia de Coronel Portillo), conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
Sobre el impedimento previsto en el literal h) del numeral11.1 del artículo 11 de la Ley
- 18. Al respecto, cabe indicar que, con relación al impedimento establecido en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, se encuentran impedidos para contratar con el Estado, los parientes de la regidora hasta el segundo grado de consanguinidad, en todo proceso de contratación pública en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después que ésta haya dejado el mismo.
- 19. En el caso concreto, de la revisión de la Declaración de Intereses de la Contraloría General de la República18 18 Obrante a folios 75 al 77 del expediente administrativo en formato PDF., se advierte que la señora [nombre omitido] declaró, en el rubro denominado “Relación de personas con la que tiene vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado y vínculo de afinidad hasta el segundo grado, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia”, que el señorMiguel Julian Molnar Vasquez es su padre, de acuerdo al siguiente detalle:
Asimismo, de la consulta en línea del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC19 19 Documento incorporado a través del decreto del 3 de febrero de 2024., se advierte que la señora [nombre omitido] [regidora provincial] tiene como padre al señor [nombre omitido] [Proveedor], como se muestra en la siguiente imagen:
- 20. Bajo dichas consideraciones, queda acreditado que existe una relación de consanguinidad en segundo grado entre la señora [nombre omitido] [Regidora provincial] y el señor [nombre omitido] [Proveedor], quien es su padre.
Por lo tanto, el Proveedor, por su relación de parentesco con la señora [nombre omitido] [Regidora provincial], se encontraba impedido de contratar con el Estado, ya sea de manera individual o como parte de una persona jurídica, conforme a los lineamientos previstos por el marco normativo antes comentado.
- 21. Asimismo, en el caso concreto, considerando que la señora [nombre omitido] es Regidora Provincial de Coronel Portillo, el impedimento del Proveedor se restringe a la competencia territorial de dicha región, lo que incluye a la Entidad, pues su domicilio se encuentra ubicado en el Jirón 2 de mayo N° 277, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento Ucayali20 20 De conformidad a la información contenida en el listado de las entidades contratantes registradas en el Registro de Entidades Contratantes (REC) del SEACE. Véase:[https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/listado-de-entidades-contratantes-del-seace-v30-organismo- supervisor-de-las-contrataciones](https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/listado-de-entidades-contratantes-del-seace-v30-organismo-supervisor-de-las-contrataciones); es decir, dentro de la jurisdicción en la cual la señora [nombre omitido] ejerce el cargo de Regidora Provincial, periodo 2023-2026.
- 22. Por lo expuesto, se aprecia que el Proveedor se encontraba inmerso en los impedimentos previstos en el literal h) en concordancia con el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.
En tal sentido, este Colegiado concluye que el Proveedor incurrió en la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por los fundamentos expuestos.
Graduación de la sanción
- 23. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 264 del Reglamento:
- a) Naturaleza de la infracción: en el caso concreto, la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el incumplimiento del Proveedor de una disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la elección del proveedor de la Entidad.
- b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, respecto a la infracción de contratar con el Estado encontrándose impedido para tal efecto, no es posible determinar si hubo intencionalidad de parte del Proveedor, pero sí es posible advertir al menos, negligencia de su parte sobre su propia condición legal como padre de una autoridad electa, y contravenir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
- c) La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte del Proveedor, pese a contar con impedimento vigente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las contrataciones que llevan a cabo las entidades.
- d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: no se advierte documento por medio del cual el Proveedor haya reconocido la comisión de la infracción, antes que ésta fuera detectada.
- e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de acuerdo con el Registro Nacional de Proveedores, el Proveedor no registra antecedentes de sanción impuestas por el Tribunal.
- f) Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al procedimiento administrativo sancionador ni presentó descargos en el procedimiento.
- g) La afectación de las actividades productivas o de abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias21 21 Criterio de graduación incorporado por la Ley N° 31535, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de julio de 2022, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.: de la revisión de la documentación que obra en el expediente, no se advierte la información que acredite el supuesto que recoge el presente criterio de graduación.
- 24. Adicionalmente, se debe tener en consideración que para la determinación de la sanción, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.
- 25. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte del Proveedor, tuvo lugar el 10 de julio de 2023, fecha en la que se perfeccionó la relación contractual con la Entidad a través de la Orden de Servicio, pese a encontrarse con impedimento legal para ello.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal Mariela Nereida Sifuentes Huamán y la intervención de los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y Héctor Ricardo Morales González y, atendiendo a la conformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000004-2025-OSCE-PRE del 21 de enero de 2025, publicada el mismo día, en el DiarioOficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del TextoÚnico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF
del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
- 1. SANCIONAR al proveedor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]), por el periodo de tres (3) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 2455 del 10 de julio de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución.
- 2. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
