Resolución N.° 1603-2025-TCE-S5

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 1 de 32 Sumilla: “(…) los impedimentos deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado o norma con rango de ley.” Lima, 10 de marzo de 2025. VISTO en sesión del 10 de marzo de 2025, de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 4482/2024.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor [nombre omitido], por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del artículo 11 del TUO de la Ley, y por haber presentado presunta información inexacta en su cotización, en el marco de la contratación derivada de la Orden de Servicio N° 3316-2023 del 3 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y atendiendo a lo siguiente; I. ANTECEDENTES: 1. De conformidad con la información registrada en el portal web “Buscador Público de Órdenes y Servicio del Seace” el 3 de octubre de 2023, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en adelante la Entidad, emitió a favor de Miguel Julián Molnar Vásquez (con RUC [persona natural omitido]), en adelante el Contratista, la Orden de Servicio N° 3316-2023 por el monto de S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. 2. Dicha contratación, si bien es un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en la oportunidad en la que se realizó se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento. 3. Mediante Carta N° 015-2024-MDY-GAF1, presentada el 23 de abril de 2024, a través de la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 1 Obrante a folio 2 del expediente administrativo sancionador en PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 2 de 32 adelante, el Tribunal, la Entidad remitió el Memorándum N° 3836-2024-MDY- GAF2 del 22 de abril de 2024, en el cual precisó que mediante Reporte N° 447- 2024/DGR-SIRE la Sub Dirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos del OSCE puso de conocimiento que el proveedor Miguel Julián Molnar Vásquez realizó contrataciones con la Entidad en el marco a la Orden de Servicio pese a encontrarse impedido para ello. 4. Con Memorando N° D00141-2024-OSCE-DGR3 ingresado el 23 de abril de 2024 a través de la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos, remitió el Reporte N° 447-2024/DGR-SIRE4 del 29 de febrero de 2024 en el cual se precisó lo siguiente: - El domingo 2 de octubre de 2022 se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales del Perú de 2022, para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales para el periodo 2023-2026, en las cuales la señora [nombre omitido] fue elegida Regidora Provincial de Coronel Portillo, Región Ucayali; iniciando funciones el 01 de enero 2023. - De la información consignada por la señora [nombre omitido] en la Declaración Jurada de Intereses de la Contraloría General de la República, se aprecia que consignó que el señor [nombre omitido] es su padre. - Señala que de la revisión de la Sección “Información del proveedor” del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se visualiza que el proveedor Miguel Julián Molnar Vásquez, cuenta con vigencia indeterminada en el RNP de servicios desde el 24 de julio de 2021. - En ese sentido, de la información obrante en el SEACE la cual también puede visualizar en le Ficha Única del Proveedor (FUP), se advierte que el referido proveedor realizó contrataciones inferiores a ocho (8) UIT con el Estado durante el periodo el cual la señora [nombre omitido] viene ejerciendo el cargo de Regidora Provincial de Coronel Portillo, siendo una de ellas la Orden de Servicio emitida por la Entidad. - Por lo tanto, señala que existe indicios de la comisión de infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. 2 Obrante a folio 3 del expediente administrativo sancionador en PDF 3 Obrante a folios 6 del expediente administrativo sancionador en PDF. 4 Obrante a folios 7 al 10 del expediente administrativo sancionador en PDF

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 3 de 32 5. Con Decreto 5720915 del 11 de octubre de 2024, previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se trasladó la denuncia a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con remitir la siguiente información: - Informe técnico legal, sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de la Contratista en la supuesta comisión de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. - Informar si la Orden de Servicio corresponde a una contratación perfeccionada por tratarse de un supuesto excluido, deviene de un procedimiento de selección, o de un contrato único, debiendo indicar cuantas y cuales ordenes derivan de dicho procedimiento de selección del contrato único. - Copia legible de la Orden de Servicio emitida a favor de la Contratista en el cual se aprecie que fue debidamente recibida por la Contratista, en caso haya sido enviada por correo electrónico, remitir copia de este, así como la respectiva constancia de recepción donde se pueda advertir la fecha en la que fue recibida. - En caso la referida Orden de Servicio haya sido emitida en el marco de un procedimiento de selección de un único contrato, deberá remitir copia legible de todas las órdenes de compra emitidas a favor de la Contratista, que deriven de éste, adjuntando el referido contrato. - Señalar si el supuesto infractor presentó para efectos de su contratación algún anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado; de ser así, cumpla con adjuntar dicha documentación, debiendo acreditar la oportunidad en la que fue recibida por la Entidad. Asimismo, deberá informar si con la presentación de dicho documento generó un perjuicio y/o daño a la Entidad. - Copia legible del expediente de contratación, el cual deberá incluir la cotización y/u oferta presentada por la Contratista debidamente ordenada y foliada, así como el documento mediante el cual fue recibida por la Entidad. - Remitir todos los documentos que acrediten el cumplimiento de la prestación, como comprobantes de pago, constancias de prestación, documentos de carácter financiero emitidos por las dependencias que intervienen en el ciclo 5 Obrante a folios 12 al 14 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 4 de 32 del gasto público de la Entidad, entre otros que acrediten ejecución de la Orden de Servicio. 6. A través del Oficio N° 687-2024-MDY-SG6 ingresado el 6 de noviembre de 2024 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió la documentación requerida mediante Decreto 5720917 del 11 de octubre de 2024, asimismo adjuntó el Informe Legal N° 782-2024-MDY-GAJ8 del 4 de noviembre de 2024, en el cual precisó que el señor [nombre omitido] se encontraba impedido conforme en el literal d) en concordancia del literal h) del numeral 11.1. del artículo 11 de la Ley, al ser pariente directo de la Regidora Provincial, razón por la cual surge el cuestionamiento efectuado en marco a la Orden de Servicio emitida por la Entidad. 7. Mediante Decreto del 11 de noviembre de 2024, se dispuso: i) Incorporar al presente expediente los siguientes documentos; i) Reporte electrónico del SEACE de la Orden de servicio emitida por la Entidad, extraído del Buscador Público de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, ii) Reporte INFOGOB correspondiente a la señora [nombre omitido], iii) Declaración Jurada de Intereses de la señora [nombre omitido], obtenida del Portal de la Contraloría General de la República. ii) Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su presenta responsabilidad al haber contratado con el Estado impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y por haber presentado presunta información inexacta en su cotización, en el marco de la contratación efectuada mediante la Orden de Compra emitida por la Entidad. Siendo el documento cuestionado el siguiente: - Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado ni haber sido sancionado por prácticas prohibidas de fecha 26 de setiembre de 2023, suscrita por el señor [nombre omitido], mediante la cual declara, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…) No tengo impedimento para contratar con el Estado. (…)” 6 Obrante a folios 23 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 7 Obrante a folios 12 al 14 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 8 Obrante a folios 24 al 27 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 5 de 32 En ese sentido, se dispuso notificar al Contratista, para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 8. Mediante Oficio N° 000533-2024-CG/OCA2671 ingresado el 18 de noviembre de 2024 a través de la Mesa de Partes Digital del Tribunal el Órgano de Control Institucional de la Entidad informó que mediante Oficio N° 687-2024-MDY-SG la Entidad atendió el requerimiento de información realizado con Decreto 5720919 del 11 de octubre de 2024. 9. Mediante Decreto del 4 de diciembre de 2024, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos debido a que el Contratista no cumplió con presentar sus descargos; a pesar de haber sido notificada el 12 de noviembre 2024 a través de la Casilla Electrónica del OSCE en cumplimiento de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD y del artículo 267 del Reglamento, conforme se muestra: Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por el vocal ponente el 5 de diciembre de 2024. 10. Mediante Decreto del 2 de enero de 2025, a fin de contar con mayores elementos de juicio para emitir pronunciamiento, este Colegiado requirió la siguiente información: “(…) A LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA. A fin que la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]), por su supuesta responsabilidad, al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, y haber presentado información inexacta en su cotización, en el marco de la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio N° 3316-2023 emitida el 3 9 Obrante a folios 12 al 14 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 6 de 32 de octubre de 2023, por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, se requiere lo siguiente. En ese sentido, se le solicita lo siguiente: - Precisar fecha exacta en el cual el señor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]) presentó la Declaración Jurada De No Estar Impedido Para Contratar Con El Estado Ni Haber Sido Sancionado Por Prácticas Prohibidas de fecha 26 de setiembre de 2023, asimismo remitir copia de la misma en el cual se pueda advertir la fecha en la que fue presentada ante la Entidad (Fecha y sello de recibido). (…)” No obstante, cabe precisar que, hasta la fecha, la Entidad no cumplió con remitir la información solicitada II. FUNDAMENTACIÓN: 1. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad administrativa de la Contratista, por haber contratado con el Estado estando impedida para ello, y por haber presentado información inexacta como parte de la cotización presentada a la Entidad, infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. Cuestión previa: Sobre la competencia del Tribunal para determinar responsabilidad administrativa y sancionar en el marco de contrataciones con montos iguales o menores a 8 UIT 2. De manera previa al análisis de fondo de la controversia materia del presente expediente, este Tribunal considera pertinente señalar su competencia para determinar responsabilidad administrativa y sancionar en el marco de contrataciones con montos iguales o menores a 8 UIT; toda vez que, en el presente caso, el hecho materia de denuncia no deriva de un procedimiento de selección convocado bajo el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sino que se trata de una contratación que se formalizó con una Orden de Servicio, realizada fuera del alcance de la normativa antes acotada. Al respecto, es pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 1 del artículo 248 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, que consagra el principio de legalidad (en el marco de los principios de la potestad

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 7 de 32 sancionadora administrativa), el cual contempla que sólo por norma con rango de Ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. Asimismo, la citada norma es precisa en señalar en su artículo 72 que: “La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan”. Sobre ello, cabe precisar que la competencia constituye un requisito esencial que transforma y torna válidos los actos y demás actuaciones comprendidas en un procedimiento administrativo; por lo tanto, no se configura como un límite externo a la actuación de los entes u órganos administrativos, sino como un presupuesto de ella, en virtud de la vinculación positiva de la administración pública con el ordenamiento jurídico10. En tal sentido, la administración debe actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades, no pudiendo ejercer atribuciones que no le hayan sido expresamente otorgadas, de conformidad con el principio del ejercicio legítimo del poder, previsto en el numeral 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, así como el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 de la norma citada, el cual establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” (el subrayado es nuestro). 3. Ahora bien, en el marco de lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225, cabe traer a colación los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE. “Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del OSCE: 5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 10 CASSAGNE, Juan Carlos, La transformación del procedimiento administrativo y la LNPA (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos), Revista Derecho PUCP, N° 67, 2011.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 8 de 32 a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco”. (El énfasis es agregado) En esa línea, debe tenerse presente que, a la fecha de formalización del contrato, mediante la Orden de Servicio, el valor de la UIT ascendía a S/ 4,950.00 (cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 soles), según fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 309-2022-EF; por lo que, en dicha oportunidad, solo correspondía aplicar la normativa de contratación pública a aquellas contrataciones superiores a las 8 UIT; es decir, por encima de los S/ 39,600.00 (treinta y nueve mil seiscientos con 00/100 soles). En ese orden de ideas, cabe recordar que, la Orden de Servicio materia del presente análisis, habría sido suscrito por el monto ascendente a S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles); es decir, un monto inferior a las ocho (8) UIT; por lo que, en el presente caso, se encuentra dentro de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación del TUO de la Ley N° 30225 y su Reglamento. 4. Ahora bien, en este punto, cabe traer a colación el numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, el cual establece respecto a las infracciones pasibles de sanción lo siguiente: “50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…) c) Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. (…) i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas–Perú Compras. (…)

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 9 de 32 50.2 Para los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5, solo son aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k), del numeral 50.1 del artículo 50”. [El énfasis y subrayado es agregado] De dicho texto normativo, se aprecia que si bien en el numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, se establece que el Tribunal sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra que incurran en infracción, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley N° 30225, se precisa que dicha facultad solo es aplicable respecto de las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del citado numeral. 5. Estando a lo señalado, y teniendo en cuenta lo expuesto, el contratar con el Estado estando impedido y presentar información inexacta, en el marco de una contratación por monto menor a (8) UIT, según la normativa vigente al momento de la ocurrencia del hecho; este Tribunal se encuentra facultado para ejercer su potestad sancionadora respecto a los hechos imputados en el marco de dicha contratación, al encontrarse dentro de lo previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley N° 30225, concordado con lo establecido en el numeral 50.1 del artículo 50 de dicha norma. 6. En consecuencia, este Tribunal tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto de la supuesta responsabilidad del Contratista, en el marco de la contratación derivada de la Orden de Servicio; por lo que corresponde analizar la configuración de la infracción que ha sido imputada. Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley Naturaleza de la infracción 7. Sobre el particular, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establece que serán pasibles de sanción quienes contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del mencionado cuerpo normativo. 8. A partir de lo anterior, se tiene que el TUO de la Ley contempla como supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio, es decir,

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 10 de 32 que el proveedor haya suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, se encuentre incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11. 9. En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225. 10. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia. 11. Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley ha establecido distintos alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado. 12. Por la restricción de derechos que su aplicación a las personas determina, los impedimentos deben ser interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado o norma con rango de ley. 13. En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si a la fecha en que se perfeccionó la relación contractual, el Contratista estaba inmerso en algún impedimento para contratar con el Estado.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 11 de 32 Configuración de la infracción. 14. Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la infracción imputada al Contratista, es necesario que se verifiquen dos requisitos: i) Que, se haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado (según sea el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225. 15. Cabe precisar que para las contrataciones por montos menores a 8 UITs, por estar excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Contratista se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento. 16. Habiéndose determinado las consideraciones a tener en cuenta, en el presente caso, respecto del primer requisito, obra en el expediente administrativo copia de la Orden de Servicio 3316-202311, del 3 de octubre de 2023, emitida por la Entidad a favor del Contratista, para el “Servicio para registrar expedientes, traslado de útiles de diferentes áreas, recepción, distribución y atención de los bienes a las unidades orgánicas en la oficina de Almacén de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial” por el monto ascendente a S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles). Para mejor análisis, a continuación, se reproduce la referida Orden de Compra: 11 Obrante a folios 38 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 12 de 32 Nótese que, conforme al contenido de la Orden de Servicio, esta habría sido recibida por el Contratista en el mismo documento que lo contiene al haber consignado su DNI y firma, conforme a la suscripción, para mejor apreciación se reproduce a continuación:

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 13 de 32 No obstante, si bien obra en la Orden de Servicio el sello de Notificación, en el mismo a fin de contar con mayores elementos que permitan tener la certeza del perfeccionamiento de la Orden de Servicio, es menester traer a colación el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021.TCE12, mediante el cual se establecieron criterios para acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT: “(…) 1. En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados para determinar la responsabilidad de la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, o en otra norma derogada que la tipifique con similar descripción, la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. [El énfasis es agregado] 17. Nótese que, mediante el referido Acuerdo de Sala Plena, el Tribunal, por mayoría, ha establecido que es posible acreditar la existencia de un contrato en contrataciones por montos menores a 8 UIT, en mérito de: (1) la constancia de recepción de la orden de compra [constancia de notificación debidamente recibida por el Contratista] y, (2) otros medios de prueba que permitan identificar 12 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10 de noviembre de 2021.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 14 de 32 de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor. Tomando en cuenta que se ha verificado que, si bien la Orden de Servicio cuenta presuntamente con la constancia de recepción por el Contratista en la misma fecha de su emisión, el contenido del mismo no genera certeza del perfeccionamiento de la Orden de Servicio, por lo que corresponde verificar si en el presente expediente obra otros medios de prueba que permitan tener certeza de la existencia de una relación contractual entre la Entidad y el Contratista 18. A fin de acreditar el perfeccionamiento de la Orden de Servicio, entre otros fluye del expediente administrativo, el Acta de Conformidad de Servicio N° 00113 del 23 de octubre de 2023 a través del cual se otorgó conformidad a la prestación efectuada por el Contratista en marco a la Orden de Servicio, conforme se muestra: 13 Obrante a folios 40 del expediente administrativo sancionador en formato PDF

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 15 de 32 19. Asimismo, obra el Recibo por Honorarios Electrónico Nro: E001-6514 por el concepto y monto de S/ 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles), monto total de la Orden de Servicio, que para mayor verificación se reproduce los citados documentos a continuación: 20. Del mismo modo, obra en el expediente administrativo el Comprobantes de Pago N° 944615, el mismo que hacen referencia a la Orden de Servicio y al Recibo por Honorarios mencionado en el párrafo precedente, conforme se reproduce a continuación: 14 Obrante a folios 39 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 15 Obrante a folios 35 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 16 de 32 21. Por tanto, considerando los documentos actuados [Orden de Servicio, Acta de Conformidad de Servicio N° 001, Recibo por Honorarios Electrónico Nro: E001-65, y el Comprobante de Pago N° 9446] y en estricta aplicación del mencionado Acuerdo de Sala Plena, este Colegiado considera que se ha acreditado el perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, en el marco de la Orden de Servicio en la fecha de su emisión, esto el 3 de octubre de 2023; por lo tanto, en los párrafos posteriores corresponderá determinar si, a dicha fecha, éste último estaba incurso en alguna causal de impedimento.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 17 de 32 Respecto al impedimento establecido en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225 22. En cuanto al segundo requisito del tipo infractor, debe tenerse presente que la imputación efectuada contra el Contratista, en el caso concreto, radica en haber perfeccionado el contrato pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, según el cual: “Artículo 11. Impedimentos 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…) d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. (…) h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el Impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; (El resaltado es agregado) 23. De acuerdo con las disposiciones citadas, los Regidores están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en todo proceso de contratación pública, en el ámbito de su competencia territorial, mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo. Por su parte, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 18 de 32 consanguinidad o afinidad de los Regidores, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratista, en todo proceso de contratación en el ámbito de la competencia territorial del regidor, mientras éstos ejerzan el cargo y, hasta doce (12) meses después en que hayan cesado respecto del mismo ámbito. 24. En este punto, cabe precisar que se ha cuestionado ante el Tribunal, que el Contratista habría contratado con la Entidad a través de la Orden de Compra, a pesar que estaba impedido para ello; toda vez que el Contratista era el padre de la señora [nombre omitido], quien, a la fecha de la contratación, ocupaba el cargo de Regidora Provincial de Coronel Portillo, Región Ucayali. Respecto a la persona con impedimento para contratar con el Estado [señora [nombre omitido]] 25. Al respecto, según información del Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que la señora [nombre omitido] fue elegida como Regidora Provincial de Coronel Portillo, Región Ucayali, en las Elecciones Regionales y Municipales del Perú de 2022, iniciando funciones el 01 de enero de 2023. 26. Al respecto, de la revisión del portal institucional del Observatorio para la Gobernabilidad INFOGOB16, se puede apreciar que la señora [nombre omitido], ostenta el cargo de Regidora Provincial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, desde el 1 de enero de 2023; por lo tanto, en este extremo, se aprecia que la referida señora, al encontrarse en ejercicio del cargo, se encontraba impedida de ser participante, postor, contratista y subcontratista en todo proceso de contratación en su ámbito de competencia territorial. Se adjunta la información que aparece en el Portal, para mayor verificación: 16 https://infogob.jne.gob.pe/Politico/FichaPolitico/antenor-enrique-bonilla-espinoza_procesos- electorales_mWQ@y3Fi6fYc6+@0ElOxMA==Q3

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 19 de 32 En tal sentido, queda acreditado que la señora [nombre omitido] desempeña el cargo de regidora de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad. 27. Considerando lo expuesto, puede apreciarse que la señora [nombre omitido], se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. Respecto del impedimento del literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 28. En este punto, debe tenerse en cuenta que impedimento establecido en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, entre otros se configura en el ámbito de la competencia territorial del regidor, respecto a sus parientes dentro del

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 20 de 32 segundo grado de consanguinidad, mientras el regidor ejerza el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido. 29. Adicional a ello, el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2022/TCE del 16 de diciembre de 202217, en donde, respecto al literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, se acordó lo siguiente: “ACUERDO (…) 1. La interpretación del impedimento previsto en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado, se realiza en los siguientes términos: c) El numeral [ii] del literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, establece que el impedimento de quienes tenga relación con las personas comprendidas en los literales c) y d) del mismo artículo, corresponde al mismo ámbito territorial y hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, es decir el impedimento aplica a todo proceso de contratación a nivel nacional solo respecto de los Gobernadores y Vicegobernadores de los Gobiernos Regionales y los/las Jueces/zas de las Cortes Superiores de Justicia y los Alcaldes/as cuando dichas personas se encuentran ejerciendo el cargo. Respecto de las demás personas referidas en el literal h) en concordancia con los literales c) y d) el impedimento solo se aplica en la misma competencia territorial mientras ejerzan el cargo y hasta por doce (12) meses después de haber dejado el cargo. …)” 17 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de diciembre de 2022.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 21 de 32 (…)” (sic). 30. En tal sentido, a fin de definir si resulta aplicable el impedimento regulado en el literal h) del artículo 11 del TUO de la Ley, en el caso particular se debe acreditar el grado de parentesco. 31. En el caso concreto se advierte que de la información consignada en su Declaración Jurada de Intereses de la Contraloría General de la República18, realizada por la señora [nombre omitido], aquella declaró que el señor [nombre omitido] [el Contratista] es su padre. A tal efecto, se reproduce la siguiente información: Ahora bien, de la revisión de la ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, correspondiente a los señores [nombre omitido], en donde advierte el parentesco de consanguinidad en primer grado, por cuanto la señora [nombre omitido] es hija del Contratista. Para una mejor apreciación, se reproduce las fichas RENIEC: 18 Obrante a folios 57 al 62 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 22 de 32 Ficha Reniec Nena Elisa Molinar Ríos Ficha Reniec Miguel Julián Molinar Vásquez En tal sentido, en atención a la información expuesta precedentemente, queda acreditado el parentesco en primer grado de consanguinidad entre la señora [nombre omitido] [el Contratista], al ser este último su padre. 32. En este punto, cabe recordar que según el numeral ii) del literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, el padre [pariente dentro del segundo grado de consanguinidad] de un Regidor se encuentra impedido para contratar con el Estado en el ámbito de competencia territorial de quien ejerza el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 23 de 32 En ese orden de ideas, es importante señalar que el artículo 3 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, clasifica, en función de su jurisdicción, a las municipalidades provinciales sobre el territorio de la respectiva provincia y a las municipalidades distritales sobre el territorio del respectivo distrito. Por tanto, se entiende como competencia territorial a aquel escenario geográfico donde los alcaldes y regidores ejercen funciones. Además de acuerdo a la Opinión N° 091-2019/DTN, señala que se entiende como ámbito de competencia territorial a que hace alusión el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO la Ley, respecto al Regidor de una provincia, en razón de la jurisdicción de la municipalidad a la que este pertenece, esto es la municipalidad provincial, que comprende el territorio de la respectiva provincia y los distritos del cercado. En ese sentido, se concluye que el ámbito de competencia territorial de un Regidor provincial abarca la totalidad de la provincia, así como sus respectivos distritos que se encuentren dentro de la provincia donde este ejerce funciones. 33. En tal contexto, se tiene que la señora [nombre omitido] es regidora de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, por lo que el impedimento del Contratista se encontraba restringido a la competencia territorial de dicha provincia. En línea con ello, se advierte que la Orden de Servicio fue emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha [cuya sede se encuentra ubicada en el Jr. 2 de Mayo Nro. 227 – distrito de Yarinacocha- provincia de Coronel Portillo - región de Ucayali; Entidad ubicada dentro de la competencia territorial en la cual la señora [nombre omitido] viene ejerciendo el cargo de Regidora Provincial desde el 1 de enero de 2023. Para una mejor apreciación se grafica a continuación:

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 24 de 32 34. En relación a ello, se tiene que la Entidad se encontraba dentro de la circunscripción territorial en la cual la señora [nombre omitido], ejerce el cargo de Regidora. 35. Por lo expuesto, a la fecha del perfeccionamiento de la Orden de Servicio, el Contratista se encontraba impedido para contratar con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, pues al ser padre de la referida regidora provincial se encontraba impedido de contratar dentro del ámbito de competencia territorial del regidor [Provincia de Coronel Portillo], desde el 01 de enero de 2023 hasta la actualidad. 36. En tal sentido, este Colegiado concluye que el Contratista incurrió en la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por los fundamentos expuestos. Respecto a la infracción referida a presentar información inexacta ante la Entidad. Naturaleza de la infracción. 37. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, establece que incurren en infracción administrativa los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 25 de 32 que dicha inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 38. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificada mediante las Leyes N° 31465 y N° 31603, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si en el caso concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que, en el caso concreto, el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 39. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la potestad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante. 40. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de la infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en los documentos presentados, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 26 de 32 que hayan conducido a su inexactitud; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública. En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir, aquel referido a la presentación de información inexacta, en el caso de las Entidades debe acreditarse que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Asimismo, en el caso de presentarse estos documentos al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al OSCE, la ventaja o beneficio debe estar relacionado con el procedimiento que se sigue ante dichas instancias. 41. En cualquier caso, la presentación de información inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución está reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción. 42. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra la Contratista está referida a la supuesta presentación de información inexacta, contenida en el siguiente documento:

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 27 de 32 i) Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado ni haber sido sancionado por prácticas prohibidas de fecha 26 de setiembre de 2023, suscrita por el señor [nombre omitido], mediante la cual declara, entre otros aspectos, lo siguiente: “(…) No tengo impedimento para contratar con el Estado. (…)”. Se adjunta el citado documento para mayor verificación: 43. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de determinar la configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias, esto es: i) la presentación efectiva del documento cuestionado ante la Entidad, y; ii) la inexactitud del contenido de dicho documento, siempre que esté relacionado con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 28 de 32 44. En relación al primer requisito, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente administrativo, no se advierte documentos a través de la cual el Contratista remitió su cotización a la Entidad para la emisión de la Orden de Servicio y adjuntó el documento cuestionado. En relación a ello, mediante Decreto del 2 de enero de 2025 a fin de contar mayores elementos de juicio para emitir pronunciamiento, este Colegio requirió a la Entidad la siguiente información: “(…) Precisar fecha exacta en el cual el señor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]) presentó la Declaración Jurada De No Estar Impedido Para Contratar Con El Estado Ni Haber Sido Sancionado Por Prácticas Prohibidas de fecha 26 de setiembre de 2023, asimismo remitir copia de la misma en el cual se pueda advertir la fecha en la que fue presentada ante la Entidad (Fecha y sello de recibido). (…)” No obstante, a la fecha de emisión del pronunciamiento la Entidad no ha cumplido con remitir la información requerida. 45. En ese sentido, no se cuenta con documentación que genere certeza sobre la efectiva presentación del documento a la Entidad, así como la oportunidad en que ello habría sucedido. Esto se debe a que, conforme al tipo infractor, se requiere la existencia de un medio fehaciente que evidencie la recepción de dicho documento, ya sea mediante un sello de recepción oficial o a través de un sistema de registro electrónico que permita verificar de manera inequívoca la presentación de la documentación en la fecha indicada. 46. En esa medida, corresponde enfatizar que el verbo rector o elemento principal que describe la infracción bajo análisis es “presentar”, el cual, según el Diccionario de la Real Academia Española, se define como “Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien19”. En ese sentido, para la configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, se requiere que el administrado haya presentado la documentación falsa o adulterada ante la Entidad, es decir, que “ponga en presencia o entregue ante la Entidad”, los documentos aludidos. 19 Diccionario de la Real Academia Española.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 29 de 32 Es por ello que, para la configuración de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley no basta un examen de acreditación de la infracción a la presunción de veracidad, sino también, se hace indispensable contar con la acreditación de su presentación efectiva por parte del presunto infractor. 47. Ello, precisamente, porque la conducta tipificada como infracción administrativa, está estructurada en función a la “presentación de los documentos” siendo por tanto indispensable, para la determinación de la responsabilidad administrativa, la constatación de dicho hecho; es decir, verificar que el administrado a quien se imputa responsabilidad haya presentado a la Entidad, la documentación que se cuestiona. 48. En tal sentido, de la información obrante en el presente expediente, este Tribunal no puede determinar, con certeza, que la Declaración Jurada objeto de análisis haya sido presentada por el Contratista ante la Entidad, ni tampoco se cuenta con información fehaciente sobre la oportunidad en que se habría presentado. 49. En dicha línea, no es posible acreditar el primer elemento constitutivo del tipo infractor; por lo tanto, no corresponde continuar con el análisis de si el documento cuestionado contiene información inexacta. 50. En atención a ello, no habiéndose acreditado la presentación efectiva [fecha exacta] del documento cuestionado [Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado ni haber sido sancionado por prácticas prohibidas de fecha 26 de setiembre de 2023] ante la Entidad, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, no se puede determinar la configuración de la infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1. del artículo 50 del TUO de la Ley. Graduación de la sanción. 51. Sobre el particular, debe tenerse presente que, de conformidad con el principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad que los proveedores no deben verse privados de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista. 52. En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al Contratista, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 264 del Reglamento, en los siguientes términos:

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 30 de 32 a) Naturaleza de la infracción: la infracción cometida referida a la presentación de información inexacta vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Dichos principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados. b) Ausencia de intencionalidad del infractor: respecto a este criterio de graduación, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se puede apreciar que no existen elementos probatorios que acrediten la intencionalidad en la comisión de la infracción, objeto de análisis, por parte del Contratista. c) La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte del Contratista, pese a contar con impedimento vigente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las contrataciones que llevan a cabo las entidades. d) Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que fueran detectadas. e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el Contratista no cuenta con antecedentes de una sanción registrada por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. f) Conducta procesal: debe tenerse en cuenta que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento sancionador ni presentó descargos. g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 50 de la Ley: el presente criterio no es aplicable para el presente caso, al tener al Contratista la condición de persona natural.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 31 de 32 h) Afectación de las actividades productivas o de abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias tratándose de MYPE20: de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, se advierte que el Contratista se encuentra acreditado como Micro Empresa desde el 3 de mayo de 2020; sin embargo, de la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, no se evidencian elementos que permitan conocer objetivamente que las actividades productivas aquél fueran afectadas como consecuencia de una crisis sanitaria. 53. Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literales c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar y el 3 de octubre de 2023, con la emisión de la Orden de Servicio. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Olga Evelyn Chávez Sueldo y la intervención del Vocal Christian Cesar Chocano Davis y el Vocal Roy Nick Álvarez Chuquillanqui, atendiendo a la reconformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000103-2024-OSCE-PRE, del 1 de julio de 2024, publicada el 2 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N°076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; LA SALA RESUELVE: 1. SANCIONAR al señor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]), con inhabilitación temporal por el periodo de tres (3) meses en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a encontrarse impedido para ello, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio N° 3316-2023 del 3 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del 20 Criterio incorporado mediante el Decreto Supremo N° 308-2022-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018.EF.

Tribunal de Contrataciones del Estado Resolución Nº 01603-2025-TCE-S5 Página 32 de 32 artículo 50 de la referida ley; sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente resolución, por los fundamentos expuestos. 2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor [nombre omitido] (con RUC [persona natural omitido]), por su presunta responsabilidad al haber presentado supuesta información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio N° 3316-2023 del 3 de octubre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por los fundamentos expuestos. 3. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. Regístrese, comuníquese y publíquese, CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS PRESIDENTE DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE OLGA EVELYN CHÁVEZ SUELDO VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE ROY NICK ALVAREZ CHUQUILLANQUI VOCAL DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE ss. Chocano Davis. Chávez Sueldo. Álvarez Chuquillanqui.