Resolución N.° 0546-2024-TCE-S3

Sumilla: “(…) en el caso concreto, no corresponde imponer sanción a los integrantes del Consorcio, pues no se ha configurado la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

De otra parte, corresponde imponer sanción por contratar con el Estado estando incurso en uno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la LCE, al haberse verificado que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., al momento de perfeccionar la relación contractual se encontraba impedida; asimismo, corresponde imponerle sanción por presentar información inexacta al haber consignado en su Declaración jurada general que no tenía impedimento para contratar con el Estado”

Lima, 15 de febrero de 2024.

VISTO en sesión del 15 de febrero de 2024 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente 2831-2019.TCE y 4439-2019.TCE (Acumulados), sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido a las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 19- 2019-GRP del 21 de agosto de 2019; asimismo, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el estado pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo al literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado como parte de su oferta información inexacta, en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de Piura sede central; y, atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- 1. Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 18 de julio de 2019, el Gobierno Regional de Piura sede central, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA- CS – primera convocatoria, para la contratación de la “Ejecución de obraMejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Los Algarrobosdistrito y provincia de Piura departamento Piura”, con un valor referencial de S/

- 57 699 554.95 (cincuenta y siete millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro con 95/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.

El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 305561, aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, en adelante la Ley para la Reconstrucción, así como su Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018- PCM, en adelante el Reglamento para la Reconstrucción.

1 Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

2 Conforme establece el numeral 8.8 del artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción: “En todo lo no regulado ysiempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF.”

3 Obrante a folios 417 al 419 del expediente administrativo.

Asimismo, supletoriamente son aplicables2 el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante, la Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

El 1 de agosto de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 8 del mismo me y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Algarrobo, integrado por las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., por el valor de su oferta económica ascendente al valor referencial del procedimiento de selección.

El 21 de agosto de 2019, la entidad y el Consorcio Algarrobo, en adelante el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 19-2019-GRP, en lo sucesivo el Contrato.

Expediente N° 2831-2019.TCE

- 2. Mediante escrito s/n del 2 de agosto de 20193, presentado el mismo día ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo elTribunal, el señor [nombre omitido], informó que el Consorcio habría

- contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco del procedimiento de selección. Al respecto, alegó lo siguiente:

- • Indica que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, integrante del Consorcio, formó parte del Consorcio Riva & Asociados que elaboró el expediente técnico del proyecto objeto del procedimiento de selección a través de la ejecución del Contrato N° 116-2015, derivado de la Licitación Pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA-GGR.GRI – primera convocatoria; por lo tanto, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, determinó las características técnicas y precios de cada partida del expediente técnico.

- • Señala que, sin embargo, la mencionada empresa, participó de forma consorciada en el presente procedimiento de selección, declarando en el Anexo N° 3, que no se encuentra imposibilitado para contratar con el estado, pese a encontrarse impedido conforme al literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

Expediente N° 4439-2019.TCE

- 3. A través del Oficio N° 1098-2019/GRP-4800004 del 27 de noviembre de 2019, presentado el 29 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad, informó que el Consorcio habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello.

4 Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo.

5 Obrante a folios 16 al 23 del expediente administrativo.

6 Obrante a folios 536 al 539 del expediente administrativo.

A fin de sustentar su comunicación, remitió, entre otros documentos, el Informe N° 2039-2019/GRP-4600005 del 11 de noviembre de 2019, en el cual se señala lo siguiente:

- • Mediante el Dictamen N° D00914-2019-OCE-SPRI del 24 de setiembre de 20196, la Subdirección del Procesamiento de Riesgos del OSCE, informó que, en el marco del procedimiento de selección, se presentó entre otro hecho cuestionado, el haber admitido y posteriormente otorgado la buena pro al Consorcio, por cuanto una de las empresas consorciadas (empresa Riva

- Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú), habría integrado o formado parte del Consorcio Riva & Asociados, quienes elaboraron el expediente técnico del mismo proyecto.

- • A través del Informe técnico N° 46-2019/GRP-480400 del 2 de octubre de 2019, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Entidad señaló que se configura el impedimento para participar como postor y contratista de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú en el presente procedimiento de selección.

- • Concluye que, el Consorcio se encontraría dentro del impedimento establecido en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

Acumulación de los expedientes N° 2831-2019.TCE y N° 4439-2019.TCE

- 4. Por decreto del 11 de diciembre de 20197, se dispuso acumular los actuados del expediente N° 4439/2019.TCE al expediente N° 2831-2019.TCE, y continuar el procedimiento según su estado.

7 Obrante a folios 692 y 693 del expediente administrativo.

8 Obrante a folio 124 del expediente administrativo.

- 5. A través del decreto del 12 de junio de 2023, se dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el estado pese a encontrarse impedido para ello, de acuerdo al literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, y por haber presentado como parte de su oferta información inexacta, en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019 [el Contrato] derivado del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; contenida en:

- • Anexo N° 3: Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento) del 26 de julio de 20198, suscrita por el señor [nombre omitido], en calidad de apoderado de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, en el cual entre otros declaró:“No tener impedimento para ser participante, postor y contratista, conformeal artículo 11 del TUO de la LCE”.

Así también, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles a fin que formulen sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

- 6. Mediante Escrito N° 19, presentado ante el Tribunal el 28 de junio de 2023, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, se apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos, alegando lo siguiente:

9 Obrante a folios 714 al 725 del expediente administrativo.

- • Señala que, su presentada no tuvo intervención directa en la elaboración del expediente técnico ni en la determinación de alguna característica técnica y/o valor referencial de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud delestablecimiento de salud Los Algarrobos, del distrito de Piura, provincia dePiura, departamento de Piura”, ya que, la Licitación Pública N° 010- 2015/CDB.REG.PIURA.GGR-GRI, tuvo una particularidad que no ha sido advertida, y es que originalmente incluyó la contratación de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del establecimiento de salud de la Región Piura de varios proyectos.

Asimismo, refiere que, dicha licitación pública utilizó el sistema de contratación llave en mano, que conllevó a que los postores, se vean en la necesidad de establecer consorcio, debido a que, el proyecto convocado no solo se refería a un tipo de prestación sino a tres: elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento.

- • Es así que su representada el 30 de noviembre de 2015 suscribió el Anexo N° 4 – Promesa formal de consorcio, del cual se aprecia que la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de las empresas Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y estudio Serta Arquitectos SLP y no de su representada, por lo tanto, no tuvo la intervención directa a la que alude el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

Asimismo, precisa que, su participación estuvo circunscrita a la ejecución de la obra y suministro, montaje y puesta en operación del equipamiento, y que siempre fue ese su objetivo de participar en la licitación pública, ya que, su Core Bussines, es el de ejecutar obras y no el de elaborar expedientes

técnicos y supervisiones, tal como lo acredita con la Constancia para ser participante, postor y contratista que adjuntó a su oferta en la Licitación Pública N° 010-2015/CDB.REG.PIURA.GGR-GRI.

- • Sostiene que, queda claro que su representada no tuvo participación directa en la elaboración del expediente técnico y más aún, se encuentra plenamente acreditado que no tuvo siquiera un registro RNP como consultor de obras que le habilitara a tener intervención alguna en dicho expediente, tal como quedó consignado también en el Contrato N° 116-2015.

Señala que ello, también es verificable del propio expediente técnico, el mismo que se encuentra suscrito por personas distintas al entorno de su representada.

Precisa que, ninguno de los profesionales que formó parte del equipo técnico que desarrolló el expediente técnico, pertenece a su representada, lo que demuestra que no tuvo ningún tipo de participación en dicho estudio.

- • Por otra parte, señala que, debido a que en el transcurso de la ejecución del contrato de consultoría (elaboración de expediente técnico) se identificó la causal contenida en el numeral 41.2 del artículo 41 de la Ley y el artículo 208 del Reglamento, la Entidad decidió resolver parcialmente el contrato, sin responsabilidad de las partes, ya que, se presentó la necesidad de aprobar una prestación adicional como consecuencia de la incorporación de un PMA en el expediente técnico, distinto al del perfil inicialmente propuesto por la Entidad.

Con dicha necesidad, el monto inicial del contrato superó un 75.24 %, por lo que, se siguió el procedimiento consignado por el OSCE en la Opinión N° 81- 2015/DTN; más aún, la Entidad dejó sin efecto la aprobación del expediente técnico elaborado por el Consorcio Riva & Asociados, tal como se aprecia del folio 439 al 442 del expediente administrativo.

- • Sostiene que, en efecto, al convocarse el presente procedimiento de selección [PEC-PROC-4-2019-GRP-ORA-CS-1], únicamente se convocó para la ejecución de la obra, y no para la consultoría de obra, oportunidad en la que participó en consorcio, toda vez que, no tuvo intervención directa en la

- elaboración del expediente técnico, tal como se requiere para la configuración del impedimento que se le imputa.

- • Concluye, que no ha suscrito contrato estando impedido para ello, y no ha presentado información inexacta en el Anexo N° 3, por lo que, solicita se declare no ha lugar a sanción a su representada.

- 7. Mediante Escrito N° 210, presentado ante el Tribunal el 28 de junio de 2023, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, adjunta los anexos señalados en su Escrito N° 1, respecto a los tomos II y III de la oferta presentada en la Licitación Pública N° 10- 2015/GDB.REG.PIURA.GGR-GRI (ítem N° 4).

10 Obrante a folios 1396 al 1398 del expediente administrativo.

11 Obrante a folios 2613 al 2614 del expediente administrativo.

- 8. Por decreto del 6 de julio de 202311, se tuvo por apersonado al presente procedimiento administrativo sancionador a la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, y por presentado sus descargos; asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en autos con relación a la empresa Huamani Ingenieros Constructores S.A.C. toda vez que no presentó sus descargos pese haber sido debidamente notificado con la imputación de cargos el 15 de junio de 2023 a través de su casilla electrónica del OSCE, remitiéndose el expediente a la Tercera Sala para que resuelva, siendo recibido el 10 de julio de 2023.

- 9. Con decreto del 10 de octubre de 2023, se dispuso dejar sin efecto el decreto de remisión a Sala.

- 10. A través del decreto del 12 de octubre de 2023, se requirió a la Entidad remita la siguiente información:

“(…)

- • Se sirva remitir un informe técnico legal complementario de su asesoría, sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal Del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., integrantes del Consorcio Algarrobo, por haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de

- agosto de 2019, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, derivado del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, efectuada por GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL, para la ejecución de la obra “Mejoramiento delos servicios de salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito dePiura, provincia de Piura, departamento de Piura”.

- • Se sirva remitir la carta notarial por el cual se le requirió al Consorcio Algarrobo el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019; asimismo, remitir la carta notarial por el cual se le comunicó al Consorcio Algarrobo la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019; y remitir los demás documentos pertinentes.

- • Se sirva informar si el Consorcio sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019. Asimismo, de ser el caso, deberáremitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes.

- • De otra parte, se sirva remitir la Promesa formal de consorcio del 30 de noviembre de 2015 y el Contrato de consorcio, suscrito por las empresas Neptuno Contratistas Generales, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Estudio Serta Arquitectos SLP, integrantes del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de la Licitación Pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (Ítem 4).

(…)”.

- 11. Mediante decreto del 17 de octubre de 2023, se dispuso incorporar al presente expediente sancionador, la documentación extraída de la plataforma de INFOBRAS y en los buscadores de internet sobre el proyecto “Mejoramiento de losservicios de salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito de Piura,provincia de Piura, departamento de Piura” en el que se advierte que la Entidad habría resuelto el Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019 por incumplimiento del Contratista; así como la Carta N° 064-2023-GRP440330-CECO del 5 de abril de 2023, por el cual el arquitecto Carlos Enrique Coro Quiroz, presenta al ingeniero Juan Carlos Hinsbe Ubillus, director de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de Piura, el informe técnico del proyecto objeto del procedimiento de selección, en el cual se hace referencia que se resolvió el contrato el 22 de diciembre de 2021, por retraso injustificado.

Asimismo, se dispuso ampliar cargos a los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, derivado del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

- 12. Por otro Escrito N° 2, presentado ante el Tribunal el 3 de noviembre de 2023, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, presenta sus descargos a la ampliación de cargos, señalando principalmente lo siguiente:

- • El 21 de agosto de 2019 se suscribió el Contrato entre el Consorcio y la Entidad.

- • El 22 de diciembre de 2021, la Entidad cursó al Consorcio la Carta Notarial N° 033-2021/GRP-440000, por el cual comunicó la resolución del Contrato.

- • Sostiene que la resolución del Contrato, fue sometida a arbitraje por el Consorcio el 7 de agosto de 2020, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú – CD Piura, el cual se viene tramitando en el Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDP.

Al respecto, precisa que mediante escrito de acumulación de demanda arbitral del 14 de junio de 2022, el Consorcio solicitó formalmente la acumulación de pretensiones al Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDP, solicitando incorporar la “Décima primera pretensión principal: Que elTribunal Arbitral deje sin efecto y/o declare la invalidez y/o ineficacia y/o nulidad de la Carta N° 33-2021-GR-44000-DGC del 22 de diciembre,mediante el cual la Entidad dispuso la resolución del Contrato”.

A través de la Resolución N° 11, el centro de arbitraje les informó sobre la admisión de acumulación de pretensiones formuladas por el Consorcio, por lo que, se resolverá las controversias controvertidas sometidas al proceso arbitral, derivado del Contrato.

- • En ese sentido, solicita la suspensión del procedimiento administrativo sancionador hasta los resultados del mencionado proceso arbitral, en

- concordancia con lo previsto en el literal b) del numeral 261.1 del artículo 261 del Reglamento.

- • De otra parte, de la revisión de los anexos, se tiene las Cartas Notariales N° 73-2021 y N° 75-2021, por las cuales el Consorcio habría requerido a la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones contractuales bajo apercibimiento de resolver el Contrato y habría comunicado la resolución del Contrato.

- 13. Con decreto del 10 de noviembre de 2023, se tuvo por presentado los descargos de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, a la ampliación de cargos; se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento sancionador con la documentación obrante en autos, toda vez que, la empresa Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., no se apersonó ni presento sus descargos a la ampliación de cargos, pese haber sido debidamente notificado el 19 de octubre de 2023 en su casilla electrónica del OSCE; asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala para que resuelva, siendo recibido el 15 de noviembre de 2023.

- 14. Mediante decreto del 11 de diciembre de 2023, se requirió la siguiente información adicional:

“(…)

AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

- • Se sirva remitir la carta notarial por el cual se le requirió al Consorcio Algarrobo el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019; asimismo, remitir la carta notarial por el cual se le comunicó al Consorcio Algarrobo la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019; y remitir los demás documentos pertinentes.

Cabe precisar que en las cartas notariales, debe obrar la certificación del diligenciamiento notarial [notificación de la carta].

- • Se sirva informar si el Consorcio sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes.

- • De otra parte, se sirva remitir la Promesa formal de consorcio del 30 de noviembre de 2015 y el Contrato de consorcio, suscrito por las empresas Neptuno Contratistas Generales, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Estudio Serta Arquitectos SLP, integrantes del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de la Licitación Pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (Ítem 4).

(…)

AL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – SEDE DEPARTAMENTAL PIURA

- ➢ Sírvase informar si ante su despacho se viene tramitando el arbitraje seguido por el Consorcio Algarrobo, integrado por las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal Del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., contra el Gobierno Regional de Piura, por la resolución de la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, suscrito en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, e indicar su estado situacional.

(…)

AL CONSORCIO ALGARROBO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RIVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERÚ Y HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.

(…)

- • Se sirva remitir las cartas notariales N° 73-2021 y N° 75-2021, por el cual el Consorcio Algarrobo, requirió al Gobierno Regional de Piura el cumplimiento de sus obligaciones y comunicó la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, respectivamente.

Cabe precisar que en las cartas notariales, debe obrar la certificación del diligenciamiento notarial [notificación de la carta].

- • Se sirva informar si el Gobierno Regional de Piura sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, efectuado por el Consorcio Algarrobo. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes.

(…)”.

- 15. Mediante Oficio N° 81-2024/GRP-480400 del 11 de diciembre de 2023, presentado ante el Tribunal el 11 de enero de 2024, la Entidad en cumplimiento del decreto del 11 de diciembre de 2023, remitió los siguientes documentos:

- • Carta N° 331-2021/grp-440000 del 8 de diciembre de 2021, por el cual la Entidad requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones.

- • Carta Notarial N° 33-2021/GRP-440000 del 22 de diciembre de 2021.

- • Solicitud de arbitraje del 7 de agosto de 2020.

- • Carta N° 78-2020-CA-I-CONVOCATROIA del 14 de diciembre de 2020 solicitud de arbitraje acumulado.

- • Acta de instalación del Tribunal Arbitral (Exp. N° 008-2020).

- • Comunicación de inicio de arbitraje del 25 de setiembre de 2020.

- • Contrato de consorcio, suscrito por las empresas Neptuno Contratistas Generales, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Estudio Serta Arquitectos SLP, integrantes del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de la Licitación Pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (ítem 4).

- 16. Por decreto del 18 de enero de 2024, se requirió reiteradamente la siguiente información:

“(…)

AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

(…)

- • Se sirva remitir la carta notarial por el cual se le requirió al Consorcio Algarrobo el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, de la cual se debe advertir su certificación del diligenciamiento notarial [notificación de la carta].

- • De otra parte, se sirva remitir la Promesa formal de consorcio del 30 de noviembre de 2015 (la cual debe obrar en la oferta presentada por el Consorcio Riva & Asociados), suscrito por las empresas Neptuno Contratistas Generales, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Estudio Serta Arquitectos SLP, integrantes del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de la Licitación Pública N° 10- 2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (Ítem 4).

(…)

AL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – SEDE DEPARTAMENTAL PIURA

(…)

- ➢ Sírvase informar si ante su despacho se viene tramitando el arbitraje seguido por el Consorcio Algarrobo, integrado por las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal Del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., contra el Gobierno Regional de Piura, por la resolución de la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, suscrito en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04- 2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, e indicar su estado situacional.

- ➢ Asimismo, de ser el caso, sírvase remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje.

(…)

AL CONSORCIO ALGARROBO, INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RIVA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERÚ Y HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.

(…)

- • Se sirva remitir las cartas notariales N° 73-2021 y N° 75-2021, por el cual el Consorcio Algarrobo, requirió al Gobierno Regional de Piura el cumplimiento de sus obligaciones y comunicó la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, respectivamente.

Cabe precisar que en las cartas notariales, debe obrar la certificación del diligenciamiento notarial [notificación de la carta].

- • Se sirva informar si el Gobierno Regional de Piura sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, efectuado por el Consorcio Algarrobo. Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes.

(…)”.

- 17. Por Escrito N° 3, presentado ante el Tribunal el 24 de enero de 2024, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, remitió la información solicitada por decreto del 18 de enero de 2024, adjuntando los siguientes documentos:

- • Carta N° 073-2021-CA/AGDO-RC del 17 de diciembre de 2021, por el cual, el Consorcio requirió a la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

- • Carta N° 75-2021-CA/AGDO-RC del 28 de diciembre de 2021, por el cual el Consorcio comunicó a la Entidad la resolución del Contrato.

- • Informa que, la Entidad no sometió a controversia la resolución contractual efectuada por el Consorcio.

- 18. Mediante Oficio N° 154-2024/GRP-480400 del 24 de enero de 2024, la Entidad remite la información solicitada por decreto del 18 de enero de 2024, adjuntando los siguientes documentos:

- • Memorando N° 102-2024/GRP-440000, por el cual, se informa que se le requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones a través de la Carta N° 331-2021/GRP-440000 recepcionada el 7 de diciembre de 2021.

- • Promesa formal de consorcio del Consorcio Riva & Asociados.

- 19. Por decreto del 1 de febrero de 2024, se requirió la siguiente información:

“(…)

AL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – SEDE DEPARTAMENTAL PIURA

(…)

- ➢ Sírvase informar si ante su despacho se viene tramitando el arbitraje seguido por el Consorcio Algarrobo, integrado por las empresas Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal Del Perú y Huamani Ingenieros Constructores S.A.C., contra el Gobierno Regional de Piura, por la resolución de la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, suscrito en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04- 2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, e indicar su estado situacional.

Asimismo, de ser el caso, sírvase remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje.

(…)

AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

(…)

- • Se sirva informar si su representada Gobierno Regional de Piura Sede Central, sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, efectuada por el Consorcio Algarrobo.

Asimismo, de ser el caso, deberá remitir la Solicitud de Arbitraje, Demanda Arbitral, el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje y/o la solicitud de conciliación y/o el acta de acuerdo o no acuerdo celebrado entre las partes.

(…)”.

- 20. Por Carta N° 196-2024-CARD-CIP CP PIURA del 5 de febrero de 2024, presentada ante el Tribunal el mismo día, el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura, remitió la información solicitada por decreto del 1 de febrero del 2024, señalando que actualmente el Expediente N° 008-2020-CA-CIP-CDP sigue en trámite, por lo que cumple con remitir los siguientes documentos:

- • Solicitud de arbitraje del 14 de diciembre de 2020.

- • Demanda arbitral (Acumulaciones)

- • Acta de instalación de Tribunal.

- 21. Mediante Oficio N° 334-2024/GRP-480400 del 14 de febrero de 2024, presentado ante el Tribunal el mismo día, la Entidad remitió la información solicitada por decreto del 1 de febrero de 2024, adjuntando el Informe N° 032-2024- CVCF.COORD.ASUNTOS ARBITRALES del 9 de febrero de 2024, en el cual señala lo siguiente:

- • Respecto a si la Entidad sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato efectuada por el Consorcio, refiere que el 23 de setiembre de 2020, el Consorcio presentó su solicitud arbitral ante el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura, solicitud recaída en el Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDO, sobre controversias surgidas en el Contrato, expediente el cual aún se encuentra en trámite.

FUNDAMENTACIÓN:

- 1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado a fin de determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al ocasionar la resolución del Contrato; así como por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo a lo previsto en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, y haber presentado información inexacta, en el marco del procedimiento de

- selección; infracciones tipificadas en los literales f), c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de suscitados los hechos.

Cuestión previa sobre la competencia del Tribunal para emitir el presente pronunciamiento

- 2. En principio, este Colegiado estima pertinente pronunciarse sobre su competencia para ejercer la potestad sancionadora en el presente caso, al tratarse de conductas realizadas en el marco de un régimen especial de contratación.

Al respecto, cabe señalar que la Ley para la Reconstrucción contiene una previsión respecto a la potestad sancionadora del Tribunal en el marco de los procedimientos especiales convocados bajo dicha normativa; es así como, en los numerales 8.6 y 8.8 del artículo 8, se señala lo siguiente:

“(…)

8.6 Precísese, que las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador regulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, es aplicable a los proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en los procesos que regula la presente disposición.

(…)

8.8 En todo lo no regulado y siempre que no contravenga la presente Ley y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015- EF. El Procedimiento de Contratación Pública Especial se encuentra sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de lasContrataciones del Estado (OSCE).”

- 3. Conforme a lo expuesto, se aprecia que la Ley para la Reconstrucción, expresamente, ha sometido los procedimientos de contratación que regula, al régimen sancionador contenido en la Ley, lo que incluye la competencia de este Tribunal para determinar responsabilidad administrativa cuando se comete alguna de las conductas previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, tal como se imputa en el caso que nos ocupa, pues se atribuye a los integrantes del Consorcio haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, así como haber contratado con el Estado estando impedido para ello y haber presentado información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones tipificadas en los literales f), c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

- A. Respecto de la infracción consistente en haber ocasionado que la entidad resuelva el contrato

Normativa aplicable.

- 4. A efectos de evaluar la configuración de la infracción imputada, es preciso verificar el marco legal aplicable en el presente caso, tanto para el procedimiento que se debió seguir para la formalización del contrato derivado del procedimiento de selección, como la norma aplicable a efectos de determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación.

- 5. En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección se convocó el 18 de julio de 2019, al amparo de la Ley para la Reconstrucción y su Reglamento, normativa vigente que regula el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.

Asimismo, conforme al numeral 8.8 del artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción, incorporado mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1354, es de aplicación supletoria a dicho procedimiento, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en todo lo no regulado y siempre que no contravenga lo señalado en la Ley de Reconstrucción y el Reglamento de Reconstrucción, estando sujeto a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

De tal modo, debe colegirse que, para el análisis de la obligación del Consorcio de mantener su oferta hasta la formalización del contrato, y en el caso en particular para su resolución se aplicará dicha normativa.

- 6. Por otro lado, al ser el presente procedimiento de naturaleza sancionadora, a fin de determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción materia de imputación, debe tenerse presente que el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG12, establece que

12 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

(…)”.

- la potestad sancionadora de todas las Entidades, se rige por las disposiciones sancionadoras vigentes al momento en que se cometió la infracción, salvo que las posteriores resulten más favorables al administrado.

- 7. En principio, debe tenerse en cuenta que la vigente normativa de contrataciones del Estado se encuentra consolidada en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 (que recoge todas las modificaciones efectuadas a la Ley N° 30225 mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Al respecto, sin perjuicio de las infracciones y sanciones tipificadas en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley para la Reconstrucción, que son de exclusiva aplicación para los procedimientos efectuados bajo dicha normativa, en el numeral 6 del artículo 8 de la Ley, se estableció que las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, son aplicables a los proveedores, participantes, postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en los procesos de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.

- 8. En tal sentido, para el análisis de la configuración de la infracción e imposición de la sanción que pudiera corresponder al Consorcio, resulta aplicable la Ley y su Reglamento con sus respectivas modificaciones, por ser las normas vigentes al momento en que se produjeron los hechos.

Naturaleza de la infracción.

- 9. Al respecto, el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establece que constituye infracción administrativa pasible de sanción ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, incluidos acuerdos marco, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral.

- 10. De acuerdo con la referida norma, tal infracción requiere necesariamente de la concurrencia de dos requisitos para su configuración, esto es:

- i) Debe acreditarse que el contrato, orden de compra u orden de servicio, fuente de obligaciones, haya sido resuelto por causal atribuible al contratista, de conformidad con el procedimiento previsto por la ley y el reglamento

- vigentes en su oportunidad.

- ii) Debe verificarse que dicha decisión haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, ya sea por no haberse iniciado oportunamente dichos mecanismos de solución de controversia, o aun cuando se hubiesen llevado a cabo, se haya confirmado la decisión de la Entidad de resolver el contrato.

- 11. En relación al procedimiento de resolución contractual, es preciso señalar que es aplicable lo establecido en la Ley para la Reconstrucción, y el Reglamento para la Reconstrucción.

- 12. Ahora bien, el artículo 63 del Reglamento para la Reconstrucción establece el procedimiento para la resolución del contrato y señala cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Asimismo, el numeral 63.2 del artículo 63 establece que la Entidad puede resolver el contrato, en los casos en que el contratista: a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación, y d) De verificarse la falsedad de la información consignada en la declaración jurada a la que hace referencia el numeral 56.4 del artículo 56 del presente Reglamento.

- 13. Además, el mismo reglamento señala en el literal 63.3 del artículo 63 que, tratándose de bienes y servicios, si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante correo electrónico señalado en el contrato, no siendo necesario acuse de recibo, que las ejecute en un plazo no mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. En obras, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a diez (10) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato, comunicándolo mediante carta notarial. Si la parte perjudicada es el contratista, el requerimiento y la resolución serán mediante carta notarial.

Por su parte, el numeral 63.6 del artículo 6313 precisa que el contrato queda resuelto de pleno derecho cuando el contratista incumpla con la presentación de la garantía de fiel cumplimiento a los cinco (05) días de suscrito el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación mediante correo electrónico informando que se ha producido dicha resolución.

13 Inciso incorporado mediante Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM, publicado el 2 de agosto del 2019 en el Diario Oficial El Peruano.

14 Conforme a lo previsto los artículos 96, 97, 98 y 99 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, referido a la resolución de controversias en ejecución contractual.

- 14. De otro lado, el artículo 55 del Reglamento para la Reconstrucción, establece que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

Precisa que, el contrato debe incluir, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: (i) garantías, (ii) anticorrupción, (iii) solución de controversias y (iv) resolución por incumplimiento y que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas cláusulas, durante la ejecución contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

- 15. En cuanto al segundo requisito para la configuración de la infracción, resulta necesario verificar si la decisión de resolver el contrato por parte de la Entidad ha quedado consentida por no haber iniciado el Contratista, dentro del plazo legal establecido para tal efecto (30 días hábiles)14 para someterlo a los mecanismos de solución de controversias de conciliación y arbitraje.

Ahora bien, el artículo 92 del Reglamento para la Reconstrucción, respecto a la resolución del contrato de obras, que en caso surgiera alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medos de solución establecidos en el Reglamento para la Reconstrucción, la Ley de Contrataciones, el Reglamento de la Ley de Contrataciones o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de la

resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida.

- 16. Del mismo modo, el numeral 96.1 del artículo 96 del Reglamento para la Reconstrucción, establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. De manera excepcional, las partes podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos en el Reglamento.

Configuración de la infracción.

- 17. De los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que tanto la Entidad como el Consorcio han informado que han resuelto el Contrato, ambos aludiendo el incumplimiento de obligaciones contractuales; por lo que, resulta necesario verificar si han actuado conforme a lo previsto por el artículo 63 del Reglamento para la Reconstrucción. - - a) Sobre el procedimiento formal de resolución contractual efectuado por la Entidad.

- 18. Sobre el particular, mediante la Carta Notarial N° 33-2021/GRP-440000, diligenciada por la notaría Amarilis Ramírez Carranza el 22 de diciembre de 2021, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución total del Contrato, argumentando entre otros que el Contrato “puede ser resuelto cuando el contratista incumplainjustificadamente obligaciones contractuales pese haber sido requerido para ello. De acuerdo al artículo 63 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, no será obligación de la entidad, efectuar el requerimiento previo cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida, en este caso bastará comunicar al contratista mediantecarta notarial, la decisión de resolver el contrato”; asimismo, que “Considerandoque el plazo de ejecución a concluido, tal situación de retraso no podrá ser revertida, en razón a la imposibilidad de concluir con la ejecución de la totalidad de las partidas, aún durante el periodo de consumo de la penalidad por mora”, conforme se observa a continuación:

- 19. Ahora bien, debido a que el numeral 63.3 del Reglamento para la Reconstrucción, establece que, ante el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales, la Entidad debía requerir su cumplimiento mediante correo electrónico señalado en el Contrato, no siendo necesario el acuse de recibo, plazo el cual en el caso de obras no podía ser mayor a diez (10) días; y, si vencido dicho plazo el incumplimiento continuaba, la Entidad debía comunicar la resolución del contrato mediante carta notarial.

En atención a lo anterior, este Colegiado a través de los decretos del 12 de octubre de 2023, 11 de diciembre de 2023 y 18 de enero de 2024, requirió información a la Entidad, a fin de que remita copia de la Carta por el cual requirió al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones.

En respuesta, la Entidad mediante Oficio N° 154-2024/GRP-480400 del 24 de enero de 2024, remitió copia de la Carta N° 331-2021/GRP-440000 recepcionada el 7 de diciembre de 2021, por el cual se le habría requerido al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; sin embargo, de la revisión de la misma y del expediente administrativo, no se advierte que ésta, haya sido remitida al Consorcio mediante correo electrónico señalado en el Contrato, conforme lo establece el numeral 63.3 del Reglamento para la Reconstrucción.

A continuación, se reproduce la Carta N° 331-2021/GRP-440000 recepcionada el 7

de diciembre de 2021:

- 20. Como es de verse, la Carta N° 331-2021/GRP-440000 recepcionada el 7 de diciembre de 2021 (requerimiento), a través de la cual se habría requerido al Consorcio el cumplimiento de sus obligaciones contractuales no fue remitida por correo electrónico consignado en el Contrato; razón por la cual, no se puede

- acreditar que la resolución contractual efectuada por la Entidad haya sido debidamente realizada, por lo tanto, no se evidencia que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento para la Reconstrucción.

- 21. Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la Carta Notarial N° 33-2021/GRP-440000, diligenciada notarialmente el 22 de diciembre de 2021, por el cual la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del Contrato, haciendo referencia que la Entidad no efectuó el requerimiento previo, toda vez que, la situación de retraso en la ejecución no podía ser revertida, cabe precisar que, el artículo 63 del Reglamento para la Reconstrucción no establece dicho supuesto, por el contrario, señala que la Entidad puede resolver el contrato entre otros cuando el contratista incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello, el cual en caso de obras dicho plazo no puede ser mayor a diez (10) días, y si en dicho plazo el incumplimiento continúa la parte perjudicada resuelve el contrato comunicándolo por carta notarial.

Conforme a ello, también no se puede acreditar que la resolución contractual efectuada por la Entidad haya sido debidamente realizada, por lo tanto, no se evidencia que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento para la Reconstrucción.

- 22. En tal sentido, este Colegiado se ve imposibilitado de continuar con el análisis de la infracción imputada de ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, y, determinar la responsabilidad administrativa, debido a que la Entidad no ha acreditado que cumplió con el procedimiento previsto para la resolución contractual. - - b) Sobre el procedimiento formal de resolución contractual por efectuado por el Consorcio.

- 23. Al respecto, cabe indicar que conforme el numeral 63.3 del Reglamento para la Reconstrucción, ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones contractuales, el Contratista debía requerir su cumplimiento y comunicar su resolución mediante carta notarial.

- 24. Ahora bien, en el expediente administrativo, obra la Carta notarial del 17 de diciembre de 2021, diligenciada notarialmente por la notaría Quinde Rázuri el 20

- de diciembre de 2021, a través de la cual, el Consorcio requirió a la Entidad el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolver el Contrato. A continuación, se muestra un extracto del documento:

- 25. Posteriormente, a través de la Carta notarial del 28 de diciembre de 2021, diligenciada notarialmente por la notaría Quinde Razuri el 29 de diciembre de 2023, el Consorcio comunicó a la Entidad la resolución del Contrato, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Para mejor análisis, a continuación, se muestra un extracto del documento:

Cabe precisar que ambas comunicaciones fueron diligenciadas a la dirección ubicada en Av. San Ramón s/n, Urb. San Eduardo, del distrito, provincia y departamento de Piura, domicilio consignado en el Contrato, para efectos de la notificación durante la ejecución contractual.

- 26. En ese sentido, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento de resolución contractual, resta evaluar si dicha decisión quedó consentida o firme por la Entidad.

Sobre el consentimiento o firmeza de la resolución contractual

- 27. El análisis de los mecanismos de solución de controversias para verificar el consentimiento o no de la resolución contractual se realizará bajo la normativa vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, esto es, la Ley para la Reconstrucción y su Reglamento para la Reconstrucción.

- 28. Así tenemos que, en el numeral 96.1 del artículo 96 del Reglamento para la Reconstrucción, establece que las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. De manera excepcional, las partes podrán resolver sus controversias mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos en el Reglamento.

- 29. Asimismo, los artículos 92, 96, 97, 98 y 99 del Reglamento para la Reconstrucción, establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución, conforme el plazo de caducidad establecido en el artículo 45 de la Ley. Vencido este plazo sin que se haya iniciado alguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida.

- 30. Considerando lo antes expuesto y habiéndose determinado que la resolución del Contrato fue comunicada el 28 de diciembre de 2021, la Entidad tuvo como plazo máximo para someter la misma a conciliación o arbitraje, hasta el 10 de febrero de 2022.

- 31. En ese escenario, tenemos que mediante por Escrito N° 3, presentado ante el Tribunal el 24 de enero de 2024, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, informó que la Entidad no sometió a controversia la resolución contractual efectuada por el Consorcio.

- 32. Al respecto, a través del decreto del 1 de febrero de 2024, se requirió a la Entidad se sirva informar si su representada sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, efectuada por el Consorcio Algarrobo.

En respuesta, mediante Oficio N° 334-2024/GRP-480400 del 14 de febrero de 2024, adjuntó el Informe N° 032-2024-CVCF.COORD.ASUNTOS ARBITRALES del 9 de febrero de 2024, en el cual respecto a lo solicitado si su representada sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato efectuada por el Consorcio, señaló que, el 23 de setiembre de 2020, el Consorcio presentó su solicitud arbitral ante el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura, solicitud recaída en el Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDO, sobre controversias surgidas en el Contrato, expediente el cual aún se encuentra en trámite.

Cabe precisar que de la respuesta brindada por la Entidad, ésta no informó respecto a si sometió a conciliación o arbitraje la resolución del Contrato N° 19- 2019-GRP del 21 de agosto de 2019, efectuada por el Consorcio; por lo que, se desprende que la Entidad ha dejado consentir la resolución efectuada por el

Consorcio.

- 33. En atención a ello, debe precisarse que el consentimiento de la resolución del Contrato, por parte de la Entidad, constituye una consecuencia que deriva de su exclusiva responsabilidad.

- 34. En consecuencia, por las consideraciones expuestas, no habiéndose acreditado la concurrencia de los elementos del tipo infractor, ya que, el Consorcio resolvió el Contrato, y dicha resolución ha quedado consentida, se concluye que los integrantes del Consorcio no han incurrido en responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, debiendo ser eximidos de responsabilidad administrativa y archivarse el presente expediente, bajo responsabilidad de la Entidad.

- 35. Sin perjuicio de ello, debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, los hechos descritos, con el fin de que, en el ejercicio de sus facultades, determinen las acciones que consideren pertinentes. - - B. Respecto de la infracción consistente en haber contratado con el Estado estando impedido para ello, al estar inmerso en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

Naturaleza de la infracción

- 36. En lo que concierne a esta infracción, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, determina responsabilidad administrativa para los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

- 37. Por otro lado, según lo regulado en el tipo infractor, este exige la concurrencia de dos condiciones para que se configure: i) que se haya celebrado un contrato con una entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse dicho contrato, el postor se encuentre en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de esta Ley.

- 38. Ahora bien, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de contrataciones del Estado ha consagrado como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de igualdad en los procedimientos de selección15 que llevan a cabo las Entidades del Estado.

15 Ello en concordancia con los Principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato y Competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se observa a continuación:

a) Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

b) Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

e) Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

No obstante, la libertad de participación de postores en condiciones de igualdad, constituye a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas o funcionarios cuya participación en un procedimiento de selección podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia, debido a la naturaleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan.

En ese contexto, el artículo 11 de la Ley dispone una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección y/o para contratar con el Estado, los cuales persiguen salvaguardar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencia que deben prevalecer en dichos procedimientos que llevan a cabo las Entidades.

- 39. Debe recalcarse que los impedimentos para ser participante, postor o contratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley. Asimismo, dichos impedimentos deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley.

- 40. En este contexto, conforme a lo expuesto, en el presente caso corresponde verificar si al perfeccionarse el contrato los integrantes del Consorcio se encontraban inmersos en el impedimento que se le imputa.

Configuración de la infracción.

- 41. Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si los integrantes del Consorcio habrían incurrido en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos para su configuración: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor se encuentre impedido conforme a Ley.

- 42. En el caso concreto, respecto al primer requisito, se aprecia que el 21 de agosto de 2019 la Entidad y el Consorcio perfeccionaron la relación contractual con la suscripción del Contrato N° 19-2019-GRP16, cuyo objeto fue la ejecución de la obra“Mejoramiento de los servicios de salud del Establecimiento de Salud LosAlgarrobos, del distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura”, por el monto ascendente a S/ 57 699 554.95 (cincuenta y siete millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro con 95/100 soles), derivado del procedimiento de selección.

16 Obrante a folios 355 al 364 del expediente administrativo.

En tal sentido, se advierte que concurre el primer requisito, esto es, que los integrantes del Consorcio perfeccionaron un contrato la Entidad. Ahora bien, corresponde verificar si, cuando se formalizó el contrato, los integrantes del Consorcio se encontraban incursos en alguno de los impedimentos establecidos en el referido artículo 11 de la Ley.

- 43. En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación efectuada contra los integrantes del Consorcio el caso concreto radica en haber perfeccionado el Contrato pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento establecido en el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, que se cita a continuación:

“Artículo 11. Impedimentos

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas:(…)

g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de documentos del procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta.

[El subrayado es agregado]

- 44. Conforme a la disposición citada, respecto al caso que nos avoca, es importante precisar que, de acuerdo con el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, se encuentran impedidas de participar en el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que hayan tenido intervención directa –entre otras actuaciones– en la determinación de las características técnicas.

Como puede advertirse, el elemento objetivo que define la configuración del citado impedimento se circunscribe a la existencia de una intervención directa,por parte una persona natural o jurídica, en la determinación de las características técnicas –entiéndase: especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra– de la prestación que se requiere contratar.

Para tales efectos, deberá analizarse si hubo participación de una persona (natural o jurídica) en la elaboración de los documentos –especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra– que determinaron el requerimiento, lo que, en última instancia, obliga a la Entidad a contratar conforme a su contenido.

En esa medida, en lo que respecta al impedimento regulado en el inciso g) del artículo 11 de la Ley, debe entenderse que la intervención directa de una persona natural o jurídica en la determinación de las características técnicas, deberá estar referida a la definición de las características y condiciones de la prestación a contratar.

- 45. En el presente caso, a través del Dictamen N° D000914-2019-OSCE-SPRI del 24 de setiembre de 2019, la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE, señaló que, como resultado de la Licitación Pública N° 10-2015/GDB.REG.PIURA.GGR-GRI (Ítem 4), la Entidad suscribió el Contrato N° 116-2015 con el Consorcio Riva &

- Asociados integrado por las empresas Neptuno Contratistas Generales 5.A.C., Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre Morimoto Arquitectos 5.A.C. y Estudio Arquitectos Slp, para la elaboracióndel expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del PIP: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito y provincia de Piura, departamento de Piura”, con código Único de Proyecto N° 2267345 (antes Código SNIP N° 318325).

Conforme a ello, el Consorcio Riva & Asociados, integrado entre otros por la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, habría participado en la elaboración del expediente técnico de la obra antes citada, cuya ejecución posteriormente fue convocada mediante el procedimiento de selección, la misma que fue adjudicada al Consorcio, integrado por la empresa Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú; aspecto que podría configurar el impedimento (literal g) contenido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 46. De lo expuesto, se advierte que, el Consorcio habría contratado con la Entidad estando impedido para ello, conforme al artículo 11 de la Ley, debido a que su consorciado empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, habría conformado el Consorcio Riva & Asociados, consorcio que elaboró el expediente técnico de la obra objeto de ejecución del procedimiento de selección.

Sobre si la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú habría intervenido en la determinación de las características técnicas en el proceso de contratación

- 47. En el caso concreto, de la revisión del SEACE y de los actuados que obran en el expediente administrativo, se advierte que en el marco de la Licitación pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – primera convocatoria (Ítem 4), se suscribió el Contrato N° 116-2015 del 23 de diciembre de 2015, entre la Entidad y el Consorcio Riva & Asociados, integrado por las empresas Neptuno Contratistas Generales, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y Estudio Serta Arquitectos SLP, para la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento del PIP: “Mejoramiento de los servicios de salid del

- establecimiento de salud Los Algarrobos, del distrito y provincia de Piura,departamento de Piura” con código único de proyecto N° 2267345 (antes código SNIP N° 318325), bajo el sistema de contratación de suma alzada; conforme de observa a continuación:

Página 1 del Contrato N° 116-2015 del 23 de diciembre de 2015

Página 3 del Contrato N° 116-2015 del 23 de diciembre de 2015

- 48. Asimismo, obra en el expediente administrativo la Resolución Dirección General de Construcción N° 185-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC del 5 de julio de 201817, por el cual se aprobó el expediente técnico definitivo del proyecto“Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito y provincia de Piura, departamento de Piura”, de cuyo contenido se aprecia que el consultor encargado de su elaboración fue el Consorcio Riva & Asociados; conforme se observa a continuación:

17 Obrante a folios 394 al 412 del expediente administrativo.

Páginas 1, 2 y 19 de la Resolución Dirección General de Construcción N° 185- 2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GRI-DGC del 5 de julio de 2018.

- 49. De otra parte, obra en el expediente administrativo la Promesa formal de consorcio del 30 de noviembre de 2015, del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de Licitación Pública N° 10- 2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (Ítem 4), en el cual, sus integrantes se obligaron a:

- 50. Asimismo, obra en el expediente administrativo el Contrato de consorcio del 16 de diciembre de 2015 del Consorcio Riva & Asociados, presentado en el marco de Licitación Pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – Primera convocatoria (Ítem 4), en el cual, sus integrantes se obligaron a:

- 51. Ahora bien, de lo precedente, se advierte que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, formó parte del Consorcio Riva & Asociados, consorcio que elaboró el expedientetécnico del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito y provincia de Piura, departamento de Piura”,que es objeto de ejecución del presente procedimiento de selección.

- 52. Al respecto, cabe precisar que el impedimento imputado, tiene como primer objetivo, garantizar la igualdad de acceso a la información –respecto del objeto contractual futuro- entre los proveedores que participen en el procedimiento de selección. Ello, debido a que las personas que intervinieron en la determinación de las características técnicas, el valor referencial o valor estimado, o en la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, cuentan con mayor información que los demás proveedores, por lo que, de permitirse su participación, se les estaría otorgando una ventaja respecto de los demás participantes, afectando así la competencia.

Adicionalmente, el impedimento busca evitar un conflicto de intereses en la determinación de las características técnicas, el valor referencial o valor estimado, o en la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, así como en la evaluación y calificación de propuestas, pues si las personas que intervienen en su determinación tienen la opción de ser participantes en el procedimiento de selección a ser convocado, están en la posibilidad de establecer condiciones que favorezcan su propia participación, lo que atenta contra la competitividad del procedimiento de selección.

- 53. Por otro lado, la normativa de contrataciones del Estado establece que las personas naturales o jurídicas que deseen participar en los procedimientos de selección que convocan las Entidades pueden hacerlo de manera individual o a través de consorcios.

Al respecto, cabe señalar que, conforme al Anexo de Definiciones del Reglamento, el consorcio es "El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para, contratar con el Estado".

Como puede apreciarse el consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas, naturales o jurídicas, realizan una actividad económica en conjunto; ello quiere decir que todas las partes del mismo comparten un interés económico común; no obstante, el consorcio no da lugar a una nueva persona jurídica independiente de las partes que lo integran.

Así, si dos o más proveedores deciden participar en una contratación en forma consorciada con la finalidad de ejecutar las obligaciones derivadas de dicha contratación con un criterio de complementariedad, ello implica la existencia de un interés común en el cumplimiento del contrato. En esta medida, independientemente de las obligaciones que les corresponda ejecutar y del porcentaje de las mismas, todos los integrantes del consorcio tienen responsabilidad en el cumplimiento del contrato y la posibilidad de intervenir directamente en él o de tomar conocimiento de información relevante sobre el mismo.

- 54. En esa medida, si un consorcio, en calidad de contratista, participó en la determinación de las características técnicas, entonces dicho consorcio, así como

- cada uno de sus integrantes se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en el correspondiente proceso de contratación, independientemente de las obligaciones que asumieron mientras estuvieron consorciados, ello en tanto el impedimento se dirige hacia las personas naturales o jurídicas que hayan tenido intervención directa –entre otras actuaciones– en la determinación de las características técnicas. Nótese que la norma no precisa que el impedimento solo alcanza a quien haya elaborado las características técnicas, sino que exige quienes hayan tenido intervención directa en ello están impedidos (como ocurre con los integrantes del consorcio que contrató la prestación de elaborar el expediente técnico de una obra).

- 55. En ese sentido, en el caso de autos, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, al haber integrado el Consorcio Riva & Asociados, quien elaboró el expedientetécnico del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito y provincia de Piura, departamento de Piura”que es objeto de ejecución del procedimiento de selección, independientemente de las obligaciones que le correspondía ejecutar, tuvo responsabilidad en el cumplimiento del contrato [Contrato N° 116-2015 del 23 de diciembre de 2015] y la posibilidad de intervenir directamente en él o de tomar conocimiento de información relevante sobre el mismo. Por lo tanto, la referida empresa tuvo intervención directa en la determinación de las características técnicas del procedimiento de selección.

- 56. En este extremo, cabe traer a colación que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, señaló que, no tuvo intervención directa en la elaboración del expediente técnico ni en la determinación de alguna característica técnica y/o valor referencial de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud LosAlgarrobos, del distrito de Piura, provincia de Piura, departamento de Piura”, ya que, la Licitación Pública N° 010-2015/CDB.REG.PIURA.GGR-GRI, incluyo la contratación de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y equipamiento.

Es así que su representada el 30 de noviembre de 2015 suscribió el Anexo N° 4 –Promesa formal de consorcio, del cual se aprecia que la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo de las empresas Dextre + Morimoto Arquitectos S.A.C. y estudio Serta Arquitectos SLP y no de su representada, por lo tanto, no

tuvo la intervención directa a la que alude el literal g) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

Asimismo, precisa que, su participación estuvo circunscrita a la ejecución de la obra y suministro, montaje y puesta en operación del equipamiento, siendo que, siempre fue ese su objetivo de participar en la licitación pública, ya que, su core bussines, es el de ejecutar obras y no el de elaborar expedientes técnicos y supervisiones, tal como lo acredita con la Constancia para ser participante, postor y contratista que adjuntó a su oferta en la Licitación pública N° 010- 2015/CDB.REG.PIURA.GGR-GRI.

Sostiene que, queda claro que su representada no tuvo participación directa en la elaboración del expediente técnico y más aún, se encuentra plenamente acreditado que no tuvo siquiera un registro RNP como consultor de obras que le habilitara a tener intervención alguna en dicho expediente, tal como quedó consignado también en el Contrato N° 116-2015. Señala que ello, también es verificable del propio expediente técnico, el mismo que se encuentra suscrito por personas distintas al entorno de su representada.

Precisa que, ninguno de los profesionales que formó parte del equipo técnico que desarrolló el expediente técnico, pertenece a su representada, lo que demuestra que no tuvo ningún tipo de participación en dicho estudio.

Sostiene que, en efecto, al convocarse el presente procedimiento de selección [PEC-PROC-4-2019-GRP-ORA-CS-1], únicamente se convocó para la ejecución de la obra, y no para la consultoría de obra, oportunidad en la que participó en consorcio, toda vez que, no tuvo intervención directa en la elaboración del expediente técnico, tal como se requiere para la configuración del impedimento que se le imputa.

- 57. Al respecto, cabe reiterar que, si dos o más proveedores deciden participar en una contratación en forma consorciada con la finalidad de ejecutar las obligaciones derivadas de dicha contratación con un criterio de complementariedad, ello implica la existencia de un interés común en el cumplimiento del contrato. En esta medida, independientemente de las obligaciones que les corresponda ejecutar y del porcentaje de las mismas, todos los integrantes del consorcio tienen responsabilidad en el cumplimiento del contrato y la posibilidad de intervenir

- directamente en él o de tomar conocimiento de información relevante sobre el mismo.

En ese sentido, si un consorcio, en calidad de contratista, participó en la determinación de las características técnicas, entonces dicho consorcio, así como cada uno de sus integrantes se encuentran impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en el correspondiente proceso de contratación, independientemente de las obligaciones que asumieron mientras estuvieron consorciados; además, como se ha precisado previamente, la norma de impedimento está referida a la intervención directa de la persona natural o jurídica, entre otros, de la determinación de las características técnicas, pues esta no restringe que el impedimento solo alcanza a quien haya elaborado las características técnicas, sino que exige quienes hayan tenido intervención directa en ello están impedidos.

- 58. Conforme a lo expuesto lo alegado por la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú que, no tuvo intervención directa en la elaboración del expediente técnico, ya que, su participación fue el de ejecutor más no de consultor, no resulta amparable, toda vez que, tenía la responsabilidad al igual que todos los integrantes del Consorcio, en el cumplimiento del contrato y la posibilidad de intervenir directamente en él o de tomar conocimiento de información relevante sobre el mismo.

Asimismo, en relación a lo alegado por la referida empresa, que inicialmente participó en la Licitación pública N° 10-2015/GOB.REG.PIURA.GGR.GRI – primera convocatoria (Ítem 4) para ejecutar la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Los Algarrobos distrito y provincia de Piuradepartamento Piura” (que ahora es objeto de ejecución del presente procedimiento de selección), que incluía la elaboración del expediente técnico, cabe precisar que por la modalidad que tenía dicha contratación (llave en mano), efectivamente en dicha contratación no operaría el impedimento; sin embargo, como el presente expediente administrativo sancionador se refiere al segundo contrato derivado de un nuevo procedimiento de selección de la obra, aquí si se aplica el impedimento.

- 59. Por lo expuesto, se aprecia que el Consorcio se encontraba inmerso en el impedimento previsto en el literal g) del numeral 11.11 del artículo 11 de la Ley; en consecuencia, se ha configurado la infracción consistente en contratar con el

- Estado estando impedido para ello, tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. - - C. Respecto de la infracción consistente en presentar información inexacta

Naturaleza de la infracción

- 60. El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

- 61. Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

- 62. Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que la información inexacta fue efectivamente presentada ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), ante el RNP o ante el Tribunal.

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

- 63. Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de dicha infracción, corresponde evaluar si se ha acreditado la inexactitud de la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido su autor o de las circunstancias que hayan acontecido; ello en salvaguarda del principio de presunción de veracidad, que tutela toda actuación en el marco de las contrataciones estatales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe pública.

Ello se sustenta así, toda vez que en el caso de un posible beneficio derivado de la presentación de la información inexacta, que no haya sido detectado en su momento, éste será aprovechable directamente, en sus actuaciones en el marco de las contrataciones estatales, por el proveedor, participante, postor o contratista que, conforme lo dispone el párrafo inicial del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, son los únicos sujetos pasibles de responsabilidad administrativa en dicho ámbito, ya sea que el agente haya actuado de forma directa o a través de un representante, consecuentemente, resulta razonable que sea también éste el que soporte los efectos de un potencial perjuicio, en caso se detecte que dicha información es inexacta.

En ese orden de ideas, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir

aquel referido a la presentación de información inexacta, debe acreditarse, en el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias; independientemente que ello se logre18, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018.

18 Esto es, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota en la realización de una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo.

- 64. En cualquier caso, la presentación de información inexacta, supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad.

De manera concordante con lo manifestado, el numeral 51.1 del artículo 51 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

- 65. Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles

- posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.

Configuración de la infracción

- 66. En el caso materia de análisis, la imputación efectuada al Consorcio está referida a la presentación de información inexacta, contenida en el Anexo N° 3: Declaración Jurada (Art. 37.2 del Reglamento) del 26 de julio de 2019, suscrita por el señor [nombre omitido], en calidad de apoderado de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú.

- 67. Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia de análisis debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento con la información cuestionada ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, siempre que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual.

- 68. En relación con el primer elemento, obra en el expediente administrativo la oferta presentada por el Consorcio en el marco del procedimiento de selección, en el cual se incluyó la declaración jurada con la información cuestionada que obra a folio 124.

A continuación, se reseña la referida declaración jurada:

- 69. En esa misma línea, habiéndose determinado que el Consorcio se encontraba impedido para contratar con el Estado, toda vez que uno de sus consorciados integró el consorcio que elaboró el expediente técnico del proyecto objeto de ejecución del procedimiento de selección, la información consignada en la declaración jurada, no es concordante con la realidad.

- 70. Al respecto, cabe recordar que, para la configuración de la infracción imputada, debe verificarse la inexactitud de la información presentada y que ésta se

- encuentre vinculada a la obtención de un beneficio en el procedimiento ante la Entidad.

En relación a ello, es pertinente traer a colación que, el Anexo N° 3 – Declaración Jurada [que no es concordante con la realidad], fue requerido como un documento de presentación obligatoria, establecido en el literal c) del numeral 2.5.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección; por lo tanto, le representó un beneficio al Consorcio en el procedimiento de selección.

- 71. En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Consorcio presentó información inexacta contenida en la Declaración Jurada del 26 de julio de 2019; en consecuencia, este Colegiado concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

Concurso de infracciones

- 72. Sobre este aspecto, a fin de graduar la sanción a imponer al infractor, se debe precisar que, por disposición del artículo 266 del Reglamento, en caso de incurrir en más de una infracción en un procedimiento de selección, como ocurre en el presente caso, o en la ejecución de un mismo contrato, corresponde aplicar al infractor la sanción que resulte mayor.

Teniendo ello en cuenta, es importante precisar que, en el presente caso, conforme lo señalado en el literal b) del numeral 50.4 el artículo 50 de la Ley, las dos infracciones en las que ha incurrido el Contratista son sancionadas con inhabilitación no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, razón por la cual, será este periodo el que se valorará a efectos de imponerle la sanción.

Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa.

- 73. Ahora bien, el artículo 258 del Reglamento establece que, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, i) por la naturaleza de la infracción, ii) la promesa de consorcio, iii) contrato de consorcio, iv) el contrato celebrado con la entidad, pueda individualizarse la responsabilidad.

- Además, indica que la carga de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.

- 74. En ese sentido, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos reseñados, en el presente caso corresponde esclarecer, de forma previa, si es posible imputar a uno de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los hechos expuestos, pues la imposibilidad de individualizar dicha responsabilidad determinaría que todos los miembros del consorcio asuman las consecuencias derivadas de la infracción cometida.

- 75. Al respecto, se considera pertinente analizar el criterio de individualización establecido en el literal a) del numeral 258.2 del artículo 258 del Reglamento, denominado naturaleza de la infracción, criterio que solo podrá invocarse ante el incumplimiento de una obligación de carácter personal por cada uno de los integrantes del Consorcio, esto respecto de las infracciones contempladas en los literales c), i) y k) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En este punto, cabe precisar que en el presente procedimiento administrativo sancionador se verificó que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, integró el Consorcio que elaboró el expediente técnico del proyecto objeto del procedimiento de selección, y por tanto, se encontraba impedido para contratar con el estado; asimismo, la presentación en la oferta del Consorcio, del Anexo N° 3 – Declaración Jurada del 26 de julio de 2019, determinó la configuración de la infracción por la infracción consistente en la presentación de información inexacta, infracciones reguladas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

En tal sentido, considerando lo establecido en el literal a) del numeral 258.2 del artículo 258 del Reglamento aplicable al caso y al tipo infractor imputado, corresponde analizar si es posible individualizar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, bajo los alcances de tal criterio de individualización de responsabilidad.

Al respecto, es importante considerar lo dispuesto en la última parte del numeral 50.6 del artículo 50 de la Ley:

“En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1 del artículo 50;

tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante” (el énfasis es agregado).

En esa línea de análisis, cabe resaltar que el impedimento de contratar con el estado está referido a que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, integró el Consorcio que elaboró el expediente técnico del proyecto objeto del procedimiento de selección, y la información cuya inexactitud ha quedado acreditada corresponde al contenido de Anexo N° 3 – Declaración Jurada del26 de julio de 2019, suscrita por el señor [nombre omitido], en calidad de apoderado de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, donde declaró entre otros “no tenerimpedimento para ser participante, postor y contratista conforme el artículo 11del TUO de la LCE”.

En este sentido, se advierte que la responsabilidad administrativa de las infracciones acreditadas, exclusivamente debe recaer en la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú.

- 76. Bajo tal orden de consideraciones, y conforme al criterio de la naturaleza de la infracción materia de análisis, resulta aplicable al presente caso la individualización de la responsabilidad administrativa a la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, integrante del Consorcio.

Graduación de la sanción

- 77. Bajo el contexto descrito, corresponde determinar la sanción a imponer, conforme a los criterios de graduación establecidos en el artículo 264 del Reglamento:

- a) Naturaleza de la infracción: en el caso en concreto, la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de parte de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, de una disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que

- puedan afectar la imparcialidad y objetividad en su elección como proveedor de la Entidad.

A ello debe agregarse que la presentación de información inexacta vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad, los cuales deben regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas; dicho principio, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y los administrados

- b) Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en autos, no es posible determinar, en cuanto a las infracciones determinadas en el presente procedimiento sancionador, si hubo intencionalidad de parte de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú en la comisión de dichas infracciones, pero sí es posible advertir negligencia de su parte, al haber contratado con una entidad del Estado y además haber presentado información no acorde con la realidad, pese a encontrarse con impedimento para ello.

- c) La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: en el caso que nos avoca, debe tenerse en cuenta que el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad por parte de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, pese a contar con impedimento vigente para contratar con el Estado; afectó la transparencia, imparcialidad y libre competencia, que debe prevalecer en las contrataciones que llevan a cabo las entidades públicas.

Asimismo, la presentación de información inexacta conllevó a que se efectúe el perfeccionamiento contractual con la Entidad, a través de la emisión del Contrato y la Entidad contrate con una empresa impedida para contratar con el Estado.

- d) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada:conforme a la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción antes que fuera detectada; por el contrario, buscó eximirse de su responsabilidad.

- e) Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se aprecia que, a la fecha, la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú registra antecedentes impuestas por el Tribunal, conforme se aprecia a continuación:

- f) Conducta procesal: la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú se apersonó al presente procedimiento sancionador y presentó descargos.

- g) La adopción e implementación del modelo de prevención a que se refiere el numeral 50.10 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225: al respecto, de la información obrante en el expediente, no se aprecia que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú haya adoptado o implementado algún modelo de prevención debidamente certificado, adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir actos indebidos y conflictos de interés o para reducir significativamente el riesgo de la comisión de la infracción como la determinada en la presente resolución.

- h) La afectación de las actividades productivas o de abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias19: de la revisión de la documentación que obra en el expediente, no se advierte información que acredite el supuesto que recoge el presente criterio de graduación, respecto a la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú

19 Incorporado por la Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitarias, aplicable a las micro y pequeñas empresas (Mype). Publicada el 28 de julio de 2022 en el Diario Oficial El Peruano.

- 78. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa

- que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

- 79. De otro lado, es pertinente indicar que la falsa declaración en procedimiento administrativo constituye ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, en tal sentido, de conformidad con el artículo 229 del Reglamento, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos expuestos para que interponga la acción penal correspondiente; por lo que, debe remitirse copia de los documentos señalados en la parte resolutiva, así como copia de la presente Resolución.

- 80. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por parte de la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, tuvo lugar el 21 de agosto de 2019, fecha en la que se perfeccionó la relación contractual con la Entidad, pese a encontrarse con impedimento legal para ello y además, la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de información inexacta como parte de su oferta, que tuvo lugar el 1 de agosto de 2019.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Luis Herrera Guerra y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

- 1. Declarar no ha lugar bajo responsabilidad de la Entidad, a la imposición de sanción a las empresas RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20537169207, y HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N° 20601169941, por su responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, perfeccionado en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS –Primera convocatoria; por lo fundamentos expuestos en la presente Resolución.

- 2. SANCIONAR a la empresa RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20537169207, con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por un período de cinco (5) meses, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP, y la presentación de información inexacta ante el Gobierno Regional de Piura Sede Central, derivado del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Establecimientode Salud Los Algarrobos, del distrito de Piura, provincia de Piura, departamento dePiura”, por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

- 3. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción a la empresa HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N° 20601169941, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a estar impedido para ello,en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP, y por la presentación de información inexacta ante el Gobierno Regional de Piura Sede Central, derivado del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS –Primera convocatoria, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los serviciosde salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito de Piura,provincia de Piura, departamento de Piura”; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los fundamentos expuestos.

- 4. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y el Órgano de Control Institucional de la misma para que, en mérito a sus atribuciones, adopten las medidas que estimen pertinentes en relación a los hechos expuestos en la presente resolución, conforme al fundamento 35.

- 5. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE.

- 6. Poner la presente resolución y las piezas procesales pertinentes (folios 16 al 23, 124, 536 al 539), en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Piura, para que proceda conforme a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA

El vocal que suscribe el presente voto, respetuosamente, tiene una posición en discordia, respecto del análisis efectuado por la mayoría del colegiado, a partir del fundamento 17, respecto a la configuración de la infracción de ocasionar que la Entidad resuelva el Contrato, así como de la parte resolutiva, conforme a los siguientes argumentos:

Configuración de la infracción.

- 17. De los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que tanto la Entidad como el Consorcio han informado que han resuelto el Contrato, ambos aludiendo el incumplimiento de obligaciones contractuales; sin embargo, se advierte que la empresa Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, integrante del Consorcio, en sus descargos a la ampliación de plazo, informó que la resolución del Contrato comunicada por la Entidad a través de la Carta Notarial N° 033-2021/GRP-440000 el 22 de diciembre de 2021, ha sido sometida a Arbitraje por el Consorcio, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú – CD Piura, el cual se viene tramitando en el Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDP.

Al respecto precisa que, mediante escrito de acumulación de demanda arbitral del 14 de junio de 2022, el Consorcio solicitó formalmente la acumulación de pretensiones al Expediente Arbitral N° 008-2020-CA-CIP-CDP, solicitando incorporar la “Décima primera pretensión principal: Que el Tribunal Arbitral deje sin efecto y/o declare la invalidez y/o ineficacia y/o nulidad de la Carta N° 33-2021- GR-44000-DGC del 22 de diciembre, mediante el cual la Entidad dispuso laresolución del Contrato”; y, a través de la Resolución N° 11, el centro de arbitraje informó al Consorcio la admisión de acumulación de pretensiones.

- 18. Asimismo, mediante los decretos del 11 de diciembre de 2023, 18 de enero y 1 de febrero de 2024, se requirió al Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Departamental Piura, se sirva informar si ante su despacho se viene tramitando el arbitraje seguido por el Consorcio Algarrobo contra la Entidad, por la resolución del Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019 [el Contrato], suscrito en el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04- 2019/GRP-ORA-CS – primera convocatoria [el procedimiento de selección], e indicar su estado situacional; asimismo, de ser el caso, se sirva remitir la solicitud

- de arbitraje, demanda arbitral, el acta de instalación del tribunal arbitral, el laudo o documento que concluye o archiva el arbitraje.

En respuesta, por Carta N° 196-2024-CARD-CIP CP PIURA del 5 de febrero de 2024, presentada ante el Tribunal el mismo día, el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura, informó que, actualmente el Expediente N° 008-2020-CA-CIP-CDP sigue en trámite, por lo que cumple con remitir, la solicitud de arbitraje del 14 de diciembre de 2020, demanda arbitral (acumulaciones) y acta de instalación de Tribunal.

Al respecto, de la revisión de los documentos remitidos por el centro de arbitraje, se tiene el escrito de acumulación de demanda arbitral del 14 de junio de 2022, por el cual el Consorcio solicita como décima primera pretensión principal “Que elTribunal Arbitral deje sin efectos y/o declare la invalidez y/o ineficacia y/o nulidad de la Carta Notarial N° 33-2021-GR-44000- DGC, de fecha 22 de diciembre, mediante el cual, el Gobierno Regional Piura dispuso la Resolución del Contrato N° 019-2019-GRP, de la obra Mejoramiento de los servicios de salud delestablecimiento de salud Los Algarrobos, del distrito de Piura, provincia de Piura”,como se muestra a continuación:

- 19. Ahora bien, toda vez que la resolución contractual efectuada por la Entidad ha sido objetada por el Consorcio, encontrándose en trámite un proceso arbitral y considerando que la decisión final de tal proceso resulta relevante para el Tribunal, a efectos de determinar la existencia o no, de responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio; en el presente caso, corresponde suspender el

- procedimiento administrativo sancionador.

En este punto, debe tenerse en cuenta que el literal b) del artículo 261 de la Ley, establece que el Tribunal suspende el procedimiento administrativo sancionador, a solicitud de parte o de oficio, entre otros supuestos, cuando considere que, para la determinación de la responsabilidad resulte necesario contar, previamente con decisión arbitral.

- 20. Por tanto, en atención al contexto expuesto, el Colegiado considera que a efectos de determinar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, en la comisión de la infracción tipificada en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, corresponde, a solicitud de parte, suspender el procedimiento administrativo sancionador hasta conocer la decisión del tribunal arbitral unipersonal sobre la resolución contractual efectuada por la Entidad y objetada por el Consorcio.

- 21. En relación con lo anterior, también corresponde suspender el plazo de prescripción conforme a lo previsto en el numeral 50.8 del artículo 50 de la Ley, debiendo la Entidad, el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura o los integrantes del Consorcio, informar sobre los resultados del laudo arbitral seguido entre dichas partes, debiendo remitirse en su oportunidad y bajo responsabilidad el respectivo laudo arbitral, a fin que el Tribunal disponga el levantamiento de la referida suspensión y pueda emitirse el pronunciamiento que corresponda.

- 22. En tal sentido, debe recordarse que es deber de la Entidad poner en conocimiento de este Colegiado el resultado del procedimiento arbitral, bajo responsabilidad.

IV. CONCLUSIONES:

En razón de lo expuesto, el vocal ponente propone al Tribunal:

- 1. Suspender el procedimiento administrativo sancionador seguido contra las empresas RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20537169207, y HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N° 20601169941, por su supuesta responsabilidad al haber ocasionado que la Entidad resuelva el Contrato N° 19-2019-GRP del 21 de agosto de 2019, siempre que dicha resolución

- haya quedado consentida o firme en vía conciliatoria o arbitral, el marco del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS –Primera convocatoria; infracción administrativa prevista en el literal f) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, hasta que la Entidad, el Consorcio, la Secretaria Arbitral o el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura, informen a esta Sala respecto del resultado definitivo del arbitraje seguido por las partes.

- 2. Suspender el plazo de prescripción respecto a la infracción de haber ocasionado que la Entidad resuelva el contrato, conforme a lo previsto en el numeral 50.8 del artículo 50 de la Ley, hasta que se levante la suspensión dispuesta en el numeral precedente por parte de este Tribunal, ello, en mérito de la comunicación que realice la Entidad, el Consorcio, la Secretaria Arbitral o el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura, a esta Sala respecto al resultado definitivo del arbitraje seguido por las partes.

- 3. Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, del Consorcio, la Secretaria Arbitral y el Centro de arbitraje y resolución de disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura, para que, en su oportunidad, informen a esta Sala el resultado del arbitraje.

- 4. SANCIONAR a la empresa RIVA SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERU, con RUC N° 20537169207, con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por un período de cinco (5) meses, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP, y la presentación de información inexacta ante el Gobierno Regional de Piura Sede Central, derivado del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS – Primera convocatoria, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del Establecimientode Salud Los Algarrobos, del distrito de Piura, provincia de Piura, departamento dePiura”, por los fundamentos expuestos; la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

- 5. Declarar no ha lugar a la imposición de sanción a la empresa HUAMANI INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. con RUC N° 20601169941, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado pese a estar impedido para ello,en el marco del Contrato N° 19-2019-GRP, y por la presentación de información inexacta ante el Gobierno Regional de Piura Sede Central, derivado del Procedimiento de contratación pública especial N° 04-2019/GRP-ORA-CS –Primera convocatoria, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los serviciosde salud del Establecimiento de Salud Los Algarrobos, del distrito de Piura,provincia de Piura, departamento de Piura”; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los fundamentos expuestos.

- 6. Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del Estado – SITCE.

- 7. Poner la presente resolución y las piezas procesales pertinentes (folios 16 al 23, 124, 536 al 539), en conocimiento del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Piura, para que proceda conforme a sus atribuciones.

Salvo mejor parecer,

JORGE LUIS HERRERA GUERRA

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE